Por Minerva Plazola / @MineBPlazola
Activista contra la Trata de Personas y el Abuso Sexual Infantil.
Uno de los pilares fundacionales del Estado Mexicano es justamente la LAICIDAD. Se entiende por laicidad el principio que separa la sociedad civil de la religiosa.
La subyugación de las comunidades prehispánicas se sustentó fuertemente en el yugo y sometimiento religioso, justamente por eso, tuvo que darse la separación entre lo civil y lo religioso para emanciparnos de la España colonialista. A lo largo de nuestra historia vemos cómo el uso de la fe es una herramienta muy útil de control social.
Actualmente, hemos sido testigos como el acercamiento de los políticos a líderes religiosos y viceversa conlleva un pacto silente de apoyo mutuo; votos y base social a cambio de prebendas, garantías de seguridad y hasta uso de recursos públicos para actividades de proselitismo y/o cultos religiosos.
Ante las graves acusaciones de pederastia y abusos sexuales a personas en condiciones de vulnerabilidad, la acción definitiva y determinante del Estado laico debe ser la única ley que impere en nuestra sociedad.
Por experiencia personal creo que la fe y la práctica de culto es y debe ser virtuosa, en tanto, funcione como referente espiritual y moral a los individuos. En contrapartida, la sociedad y las instituciones deben siempre permanecer en el ámbito del laicismo en tanto que garantizan o debieran garantizar la equidad, la justicia y nos previenen y protegen a los individuos del abuso y la explotación siempre latentes en cualquier culto o credo.
Es importante que exijamos que los recursos públicos no sean usados para prácticas religiosas. Los gobiernos actuales están obligados a transparentar el uso de nuestro presupuesto que por cierto es escaso y que bajo ninguna circunstancia debe usarse para el apoyo a actividades de culto ni proselitismo religioso. Menos aun cuando vemos que los líderes de tales asociaciones religiosas son protagonistas de las peores prácticas de abuso sexual, trata de personas y perversión de los más vulnerables de nuestra sociedad como son los menores de edad y las personas en situación de pobreza.
En defensa de los más pequeños y los más vulnerables, la propuesta sería hacer más severas las condenas a los funcionarios y líderes de culto que infringen los derechos de quienes deberían proteger.
