Los ecos de la Recomendación 10/2019

Por Francisco Macías / Abogado y defensor de los derechos humanos 

A los Ombudsperson —llamados comúnmente Ombudsman— se les conoce como magistraturas de conciencia porque a diferencia de los jueces que hacen cumplir sus decisiones mediante la fuerza pública, su función es convencer con la oportunidad de sus argumentos y su postura ética basada en la dignidad humana y la democracia.

El gravísimo suceso de la acumulación de personas no identificadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mostró una cadena de omisiones consolidadas por años que muestran el estado actual de la justicia en Jalisco.

La emergencia humanitaria actual debería reorientar el quehacer de las instituciones sobre todo aquellas que tienen el delicado compromiso de garantizar o proteger derechos.

El pronunciamiento realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) es pertinente porque sus investigaciones demostraron que existen instituciones creadas en la formalidad de la ley, pero que en la practica sus recursos se encuentran destinados a favorecer la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

Hoy podemos desmentir el propio lema del IJCF para decir: No hay conocimiento y si obscuridad en la justicia. Si existe una refundación que hacer este sería el mejor de los principios.

Desafortunadamente, la propia CEDHJ decidió desde la primera medida cautelar dictada adoptar un enfoque administrativo y de gestión, ya que ordenó que “los cuerpos se depositaran en cámaras de refrigeración adecuadas”, en vez de uno en donde se ejerciera una defensa activa por las graves violaciones a los derechos humanos, y se admitiera un análisis sistemático que comprobara la necesidad de reestructurar las instituciones.

Aunque se trata de un caso complejo, sorprende que existieron más medidas para la destrucción de la caja refrigerante que la agilización de denuncias para deslindar las responsabilidades de todos los servidores públicos involucrados.

La propia respuesta de Macedonio Tamez Guajardo, coordinador general de seguridad, el cual afirmó respeto a la Recomendación: “Nos están diciendo lo que ya sabemos; nos recomiendan lo que ya estamos haciendo. La Comisión de Derechos Humanos predice lo que no va a suceder, porque en una expresión pesimista, señala que hay riesgo de contingencia y señalo categóricamente: no lo hay”.

Refleja un lenguaje que solo puede existir en donde la mirada de los actores está puesta en lógicas de política y poder, pero no en garantizar los derechos de quienes más los necesitan.

La ruta de solución se encuentra en colocar al centro a las víctimas y sus necesidades.

A la autoridad le corresponde no arroparse solo en posicionamientos, sino en un hacer profundo que reoriente la función pública hacia lo que requieren miles de víctimas.

A la CEDHJ, le corresponde examinar su nivel de autonomía —no basta suponerla— y su capacidad institucional para enrutar su trabajo de acuerdo a las expectativas de esta emergencia humanitaria.

No bastan las disculpas como formas de reparación si no existe un deslinde de responsabilidades e instituciones funcionales a la justicia.

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