Foto: Víctor Ibarra
Yolanda García llega con fortaleza al primer aniversario del atentado violento que mató a Tadeo, su nieto de ocho meses, y que llevó a su hija, Elizabeth, a agonizar durante tres meses; pese a todo, ella sabe que su batalla la ganará aunque pretendan cansarla.
Llega, también, con pocas certezas de lo que pasó y sin la debida atención integral que le corresponde según marca la Ley General de Víctimas. Lo que menos pesa en su corazón es una compensación económica, pues sabe que la transacción monetaria del gobierno de Jalisco, en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, fue ágil con quien fuera el padre de Tadeo, esto con la intención y pretensión de cerrar el caso; algo con lo que ella no está de acuerdo y con lo cual, día a día, pelea por alcanzar su derecho a la justicia y la verdad.
Por Jade Ramírez / @jadercv
Elizabeth de la Rosa García oficialmente murió el 20 de agosto de 2018, a horas de haber regresado de una clínica especializada en atención a personas quemadas en Galvestón, Texas. Su deceso se dio en la Clínica de Cirugía Reconstructiva donde la llevaron las autoridades de Jalisco.
Murió sin dar una declaración formal de hechos ante el Ministerio Público sobre lo que pasó el 21 de mayo cuando regresaba del centro de Guadalajara a su casa en la colonia Miramar cuando a la altura de Mariano Otero y Las Torres, un comando de encapuchados paró la ruta del camión Tour número 707-52 y lanzó explosivos que la alcanzaron hasta quemarle 90 por ciento de su cuerpo; el destino final de la ruta estaba a cuadras de donde vivía con Alexis, el padre de su bebé Tadeo.
Como se hizo público después del atentado fallido a Luis Carlos Nájera, ex fiscal de Jalisco y entonces secretario de Trabajo; la reacción virulenta de la delincuencia organizada tras haber fallado en matar al funcionario consistió en realizar actos violentos contra la sociedad en general.
También se hizo público por versiones de la propia familia que Elizabeth cargaba a su bebé y varias bolsas que había comprado para el bautizo de su hijo que se realizaría ese fin de semana.
Al respecto, le pido a Yolanda que reconstruyamos aquellos días con los hechos que contradicen las versiones oficiales; el estado de salud de su hija se agravó por falta de atención médica inmediata cuya dilación de más de un mes para trasladarla a Galvestón, orilló a que Eli viajara con infección y hubiera poca certeza de una recuperación.
La muerte de Tadeo fue inmediata y no a horas o al día siguiente como se anunció; sobre el detenido, supuestamente involucrado en la transportación de quienes incendiaron el camión, no se tiene certeza de que realmente sea quién dicen que es.
Vueltas y vueltas a Puente Grande
A su cita, a finales de marzo de 2019, en las salas de juicios orales de los juzgados penales en Puente Grande, Yolanda llegó puntal y acompañada de su padre, Don Jorge; ambos originarios, como toda su familia, de Santa Ana Tepetitlán.
Al llegar se reportaron con una ministerio público que les daría “acceso” a la segunda audiencia del caso donde ya fue presentado como supuesto responsable, el joven Daniel “N”, a quien personal de la Fiscalía General de Jalisco detuvieron, el 3 de julio de 2018, por narcomenudeo y a quien ya también se le había liberado por otros delitos no comprobados; a éste le esperaba una orden de aprehensión por estar involucrado en el “homicidio, lesiones y daños a las cosas” generadas tras la quema del camión donde viajaban Eli y Tadeo, el 21 de mayo de 2018.
Cuando en teoría debería estarse desahogando ya la audiencia sobre el caso ante el juez Venustiano Ramos Ibarra en el Décimo Segundo Juzgado en Materia Penal, y a cinco minutos de la hora pactada, la ministerio público informó tanto a Yolanda como a los abogados de la mutualidad a la que pertenece el camión Tour que “la audiencia había quedado suspendida”.
Foto: Víctor Ibarra
-¿Por qué?, pregunta Yolanda
-No sabría decirle se difirió porque la defensa pidió una prórroga, le responde la funcionaria.
-Licenciada entonces para ¿Cuándo queda la fecha?, cuestionan los representantes legales del camión.
-Para el 29 de abril, se les va a notificar; les responde a ellos, pero no le da más detalles a la señora Yolanda.
Ahí en medio de un pasillo lleno de expedientes, la ministerio público le dice a Yolanda García que no sabe más. Ella le pregunta por el expediente y ésta le responde que todavía no se lo puede dar.
Resulta que a la madre de Elizabeth y abuela de Tadeo, a diez meses de los hechos que le arrancaron violentamente a sus familiares, las autoridades aún no le habían dado la “constancia” o estatus de víctima; como tal sólo reconocieron a Alexis, padre del bebé. Por lo tanto, no puede ser notificada de las fechas de audiencia, de la cancelación de la misma y de todo lo relativo al caso. Si se enteró en marzo de que debía presentar ese día en Puente Grande fue por un “favor” que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco (CEEAVJ) estaba teniendo con ella.
Sin mayor información, Yolanda y su padre salen del paso previo a las salas de juicios orales y bajan a la nueva zona de la CEEAVJ, también en Puente Grande, para hablar con quién sería su representante; éste les dice extraoficialmente que aún no puede hacer nada porque “no tiene su ratificación como funcionario de la CEEAVJ”, esto por el cambio de gobierno. Desde un escritorio plagado de expedientes y atendiendo, a la vez, varias cosas, Yolanda y su padre sólo escuchan negativas porque para éstos, ella “aún no es víctima” para el gobierno.
Daniel “N” está imputado por delitos de homicidio, lesiones y daños a las cosas, no por terrorismo, lo que llama la atención de la familia de Elizabeth y Tadeo, pues lo que hizo no se trató de un hecho aislado sino de una acción de la delincuencia organizada como consecuencia de haber fallado en el atentado contra Luis Carlos Nájera; tal como le explicaron a la familia el ex gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval; el ex secretario de gobierno, Roberto López Lara, y todos aquellos funcionarios que desfilaron en la clínica San Javier donde Elizabeth estuvo hospitalizada: “nosotros no somos culpables de lo que le pasó a su hija, sino la delincuencia organizada”, repitieron una y otra vez los servidores públicos.
Los representantes legales del camión contaron a esta reportera que la unidad estaba reportada como pérdida total y que la indemnización ascendía a 1 millón de pesos, pero no la “estaban peleando” porque no querían entrar en largas con el gobierno: “ya ve que por cualquier cosa andan encima de nosotros que operativos, con eso de que no se han subido las tarifas…nos presionan”, aseguró un representante de la mutualidad que acompañaba al abogado, quien fue exacto en decir que el camión estaba fuera de circulación y que el chofer permanecía inhabilitado de operar cualquier transporte público por los daños presentados tras el ataque del 21 de mayo.
Esta información inquieta a la familia de Elizabeth de la Rosa porque saben que el camión con ese número sigue en circulación en la misma ruta.
La displicencia de la CEEAVJ y CEDHJ
El 20 de agosto de 2018, murió Elizabeth y bajo la costumbre de su familia indígena, sería velada en casa, no en funeraria. Sin embargo, en una llamada vía telefónica que sostuvo con Alexis, el padre de Tadeo, éste les dijo que ya estaban listos los servicios funerarios.
Yolanda después de pasar todas las noches en vela al lado de hija y de haber volado a Estados Unidos acompañándola para seguir en pie a su lado hasta las últimas horas de vida, le rogó que fuera velada en casa como era tradición de la familia. En la conversación familiar intervino Juan Benítez, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, contradiciendo a la señora García. Ella reclamó que tenía derecho a decidir por su hija, pero el funcionario arremetió que no y citó al yerno (Alexis) como “el único que tenía derechos legales sobre Elizabeth”.
A meses de esa escena, Yolanda recuerda que con irregularidades a Alexis, le elaboraron una constancia de concubinato en cuanto pasó todo, para que él fuera el único que pudiera tomar decisiones. La madre de Eli confirma que apenas llevaban 1 año y 5 meses viviendo juntos, justo a partir del embarazo.
La Procuraduría Social del estado de Jalisco tramitó, posiblemente, a petición de la CEEAVJ, la testimonial de concubinato entre Elizabeth de la Rosa García y Carlos Alexis Zion Velázquez aunque no llevaban tres años, ni cinco, juntos; como marca la ley en la materia para reconocer esta figura legal; sin embargo, a través de esa constancia de concubinato y con el reconocimiento oficial de la CEEAVJ, el gobierno de Jalisco dio una compensación económica al padre de Tadeo.
Por la tarde, en lo servicios funerarios de asistencia social donde fue velada Elizabeth de la Rosa, llegó en medio de un protocolo especial Dante Haro en su calidad de Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Jalisco. Entró sin saludar, Yolanda atendía a familiares y la distrajo una mujer que acompañaba al funcionario, para pedirle que fuera a saludarlo. La madre y abuela en pleno duelo, no entendía lo que sucedía, pero se acercó. El funcionario se paró, le expresó sus condolencias y fue todo.
Esta reportera presenció de cerca la escena constatando que el funcionario no le entregó una tarjeta de identificación, no preguntó si necesitaba algo o si tenía alguna duda respecto a la investigación judicial.
Después de siete minutos, Dante Haro salió de la funeraria pasando por un lado de donde Yolanda daba entrevistas a dos medios televisivos. Se acercó una camioneta blanca, blindada. Le pregunté a Yolanda qué le había dicho el fiscal de derechos humanos y en ese momento reaccionó: no lo dejó subir, lo interceptó en la camioneta y habló con él.
Después vino el silencio más profundo que Yolanda ha vivido: “No podía dejar de llorar, por cualquier cosa me soltaba…empecé a salir a la calle, ya no te aguanto en la casa, a qué no sé pero tengo que andar en la calle para poder seguir”.
Foto: Víctor Ibarra
Otra recomendación de papel
De la queja 3054/2018 se derivó la Recomendación 21 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por “violación de los derechos humanos a la vida, por la obligación de garantía, a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos.”, según se lee en el documento público.
A un año de que se consumaron los actos violentos contra la población en la Zona Metropolitana de Guadalajara -donde también murió un hombre, Javier Sánchez, mientras cruzaba un puente peatonal en Zapopan, y dos niñas de 14 años que caminaban por afuera del restaurante donde comía Luis Carlos Nájera, resultaron lesionadas-, no se asoma el cumplimiento de las tres recomendación a Fiscalía General de Jalisco ni las dos dirigidas a la CEEAVJ, a la que solicitaron que “realice a favor de las víctimas directas e indirectas la atención y reparación integral, para lo cual deberá cubrirse de manera inmediata la compensación correspondiente y otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición”, esto conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.
Antes de que finalizara el 2018, Yolanda contactó a un abogado que le aseguró “sacaría mucho dinero” y eso retumbó en ella porque lo que menos quería era dinero; ella desea explicaciones, conocer el caso judicial y todo el apoyo para los trámites pendientes ante instancias como el Afore donde la madre de Eli no ha podido avanzar, ya que oficialmente ella es víctima, pero no ofendida.
Aquel abogado, recuerda, se sentía valiente. Después de algunas gestiones dejó de tomarle las llamadas a Yolanda. Ahí despertaron sus inquietudes. Removió entre sus papeles tarjetas, números, y comenzó de nuevo, a hacer diligencias.
Acudió a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su sorpresa fue que se encontró con un funcionario que estaba en la CEEAVJ y que de poca ayuda resultó en aquellos meses oscuros, Kristian Luis Navarro. Éste la recibió, y conforme refiere Yolanda le dijo: “Que ahí no había más que hacer”; para agregar en modo sarcástico: “¿Y su abogado que traía, no que muy bueno?”.
Para la familia del bebé Tadeo y Elizabeth es insuficiente la recomendación de la CEDHJ porque ahí no consta la negligencia médica que presenciaron, pues antes de ser trasladada a Texas para recibir atención especial, Elizabeth de la Rosa pasó varios días y noches sin suero, oxígeno y medicamento.
Yolanda recuerda que entró una noche sin autorización del personal del hospital San Javier a ver a su hija, Eli gritaba y lloraba de dolor: “Mamá ayúdame”, le decía. Estaba en completa oscuridad, sin máquinas que monitorearan el estado de salud de la joven. Salió reclamando a la enfermera y ésta con regaños accedió llamar al médico encargado del que no recuerda su nombre.
Llegó el profesional de la salud golpeando la puerta: “A ver qué pasa aquí”; Yolanda no olvida que ese fue el tono y el reclamo con el que llegó. Bajo el argumento de que podía darle un paro cardiaco, el personal de la clínica privada le sostuvo a Yolanda que no podían hacer más.
La lucha que no cesa y el corazón que persiste
Yolanda García camina y abre puertas con la confianza depositada en sus actuales asesores legales. Por fin logró el reconocimiento como víctima y ahora podrá presenciar todas las audiencias que se desahoguen -cuando dejen de diferirse-; conocerá de primera mano todo lo concerniente a cómo se estructuró la carpeta de investigación la Fiscalía; sabrá de las declaraciones del detenido cuya familia también ha hecho pública que el día y hora de la quema del camión, el joven estaba estudiando derecho en una universidad privada, y, a la par, también estará al tanto de los avances en las investigaciones y periciales que restan; por ejemplo, la revisión de las cámaras de video del camión y las de los comercios aledaños, así como los motivos de los hechos, etcétera.
Después de haber esperado cinco horas al gobernador para una audiencia antes de que su hija fuera trasladada a Texas; en donde Yolanda cree que “le aplicaron psicología, pero no la engañaron”, señaló que pretendían cansarla porque la movían de sala en sala y sólo le ofrecían agua hasta que por fin llegó Jorge Aristóteles Sandoval.
En el encuentro, Yolanda García y su familia estaban resquebrajados sí, pero siempre fieles a su principio básico de conocer la verdad, ya que sabían que las batallas que tenían por delante eran duras, pues cada una de ellas evocaría dardos de recuerdos, frases de su hija y memorias de su primer nieto.
De aquella Yolanda aturdida por tantas voces, por tantas versiones diferentes del estado de salud de su hija y por tanto funcionario omiso, a la Yolanda del primer aniversario de la tragedia, se mira a una mujer con su propia estrategia: “yo tengo de mi lado al pueblo”, dicen con confianza.
-¿Alguien le pidió perdón, Yolanda?, le pregunto.
-¿A mí? Nadie. De nadie es la culpa no se cansan de decirme eso.
Foto: Víctor Ibarra
