Por Francisco Macías / @Pacommedina
Abogado y defensor de los derechos humanos.
El feminicidio de Vanessa Gaytan a las puertas de Casa Jalisco, exhibe las consecuencias de una violencia que la conocemos, la observamos o hasta la llevamos a cabo, pero no hemos decidido ponerle un alto.
Desde las instituciones gubernamentales, el caso refleja que pueden existir legislaciones, planes y programas que busquen atender, prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres, pero si no los construimos y medimos desde las necesidades de las que sobreviven la violencia servirán de poco.
Es importante reconocer que el hecho hizo que se agilizara la coordinación de seguridad entre el Gobierno del Estado y los Municipios; se denunciara inconsistencias en la emisión y el proceso de las órdenes de protección, así como la carencia de una base de datos básica que facilitara información y victimización recurrente.
En general, los errores apuntan de nuevo a graves carencias de una Fiscalía General del Estado que no se cuenta con el personal suficiente, capacitado, sensible, dispuesto y con los recursos suficientes para proporcionar acceso a la justicia, a pesar de las grandes inversiones que se han hecho. Basta recordar la instalación del Centro de Justicia para las Mujeres como respuesta.
Por eso sorprende que la reacción de las áreas que tienen la misión de atender lo estructural, como es el caso de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, anunciara, por ejemplo, que los agresores desde el inicio de la denuncia serían obligados a tomar los cursos de los Centros Especializados para la Erradicación de la Violencia, sin que existan evaluaciones del impacto del trabajo de este centro ( no se conoce su trabajo y capacidades) y sin contar con un cuidadoso análisis de riesgo de los victimarios para evitar que con el pretexto de la intervención estatal incrementen su nivel de violencia de nuevo hacia las mujeres.
Buscar en el Sistema Penal las respuestas que no construimos previamente con los distintos niveles de prevención y la proximidad, es apostarle a resolver la violencia con violencia. Es creer en un Estado paternalista y castigador, que por lo menos hoy en nuestra entidad no cuenta con las herramientas ni con los resultados, pero si con riesgos indeseables: comisión de graves violaciones a los derechos humanos y la tendencia de sus dirigentes en la mentirosa “mano dura”.
En este momento, es importante recordar que la Justicia Penal es la última razón de intervención del Estado porque lo que se pone en juego es la libertad de las personas y la democracia.
¿Cuál es la respuesta?, pudiera haber muchas de tipo operativo, pero la indispensable es que gobernantes, sociedad civil, académicos, partidos políticos, víctimas y opositores, comencemos a construir una colaboración compleja, en donde reconozcamos que las diferencias, lo heterogéneo de las posturas e incluso la falta de acuerdos en las metas, no son obstáculos para ensayar soluciones creativas que den pasos para las que más lo necesitan.
Revisemos nuestra polarización cómoda para pasar al trabajo con aquellas personas con las que tenemos más diferencias. Se lo debemos a Vanessa Gaytán, a Imelda Virgen y a cientos de mujeres que no debieron ser asesinadas.
