Este 23 de abril, Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, comparecerá ante el Pleno de la Cámara de Senadores para explicar el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024. El documento, que ya fue publicado para su primera lectura en la Gaceta del Senado el pasado 10 de abril, no ha sido modificado por las y los senadores pese a que, algunas de sus consideraciones fueron eliminadas en la recién aprobada Ley de la Guardia Nacional y en la reforma al artículo 21 de la Constitución Mexicana.
Elementos como: una Junta de Jefes de Estado Mayor y un mando militar para la Guardia Nacional, así como, la negociación con la delincuencia organizada, continúan como ejes prioritarios en la estrategia de seguridad del país.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024 se encuentra a un paso de ser votada en el Pleno de la Cámara de Senadores, esto, pese a que algunos de sus elementos podrían ser considerados ilegales e, incluso, inconstitucionales; así lo afirma Surya Palacios, abogada y periodista, luego de haber realizado un análisis exhaustivo al documento.
En entrevista, la especialista nos ha compartido que, además de ser un texto que carece de profesionalismo en términos jurídicos y de redacción, presenta inconsistencias en virtud de las nuevas reformas constitucionales y leyes aprobadas en materia de seguridad, lo que hace a este plan nacional, improcedente.
De acuerdo con Palacios, el dictamen de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, es una copia fiel del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado el 15 de noviembre de 2018 por Andrés Manuel López Obrador, aún en su posición de presidente electo:
“En la comisión de Seguridad Pública se elaboró un dictamen; este dictamen fue aprobado sin moverle ni una sola coma al documento enviado por López Obrador. Lo único que hicieron los senadores en la Comisión fue: poner unos antecedentes y una metodología al principio del documento, después la reproducción tal cual del documento enviado por López Obrador y al final las firmas de quienes lo elaboraron”.
Es importante precisar que este documento fue considerado en su momento inconstitucional y, si bien, se llevaron a cabo determinadas reformas que buscaron volverle “constitucional”, entre ellas, la reforma al artículo 21 de la Constitución que dio pie a la creación de la Ley de la Guardia Nacional; éstas no han sido integradas al dictamen que permanece en el Senado a la espera de ser votado.
El Plan presentado en noviembre de 2018 por López Obrador, precisa que la Guardia Nacional será liderada por un mando militar y una Junta de Jefes de Estado Mayor; retoma la posibilidad de negociación con el crimen organizado; contempla que los elementos de la Guardia Nacional distribuidos en 266 regiones del país, tendrán facultades exclusivas de las fiscalías estatales y Ministerios Públicos; y, crea la figura de la Guardia de Finanzas, una unidad especializada en investigación del lavado de dinero de las redes criminales.
Cada uno de estos elementos, señala la abogada y periodista, atenta contra derechos y obligaciones constitucionalmente reconocidas, que van desde la violación al pacto federal y la autonomía de los estados, hasta la renuncia de las potestades punitivas del Estado mexicano.
Surya Palacios, abogada y periodista.
Hasta el momento, Surya Palacios explica que se ha dado seguimiento a las acciones procedimentales establecidas en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su párrafo tercero que:
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.
De esta forma, el pasado 1 de febrero de 2019, fecha en la que se abrió el segundo periodo de sesiones ordinarias, el Senado recibió el documento de la estrategia y lo turnó a la Comisión de Seguridad Pública, quien fue la encargada de elaborar su dictamen.
Un mes después, aprobado el dictamen y siguiendo el trámite legislativo, éste fue publicado en la Gaceta del Senado para su primera lectura el 10 de abril. Un día después, la Mesa Directiva del Senado, acuerda que Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, debe presentarse ante las y los senadores para explicar y dar respuestas a las dudas sobre el documento y que, podría ser votado y aprobado en la sesión siguiente a esta comparecencia.
De acuerdo con Palacios, el riesgo de que ésta se apruebe sin modificaciones, es alto, ya que, las y los senadores de Morena han manifestado poca voluntad para realizar modificaciones al documento; incluso, si así lo quisieran, cuentan con la mayoría simple en el senado –considerando a sus aliados- para que el dictamen pase sin problemas. Por ello, advierte la especialista, “necesario señalar los errores y las inconstitucionalidades”
Alfonso Durazo entrega a Martí Batres la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Guardia Nacional con mando militar y una Junta de Jefes de Estado Mayor
Si bien, la reforma al artículo 21 de la Constitución que crea por decreto la Ley de la Guardia Nacional establece que esta corporación y todas las instituciones de seguridad pública quedarán a cargo de un mando civil; el dictamen de la estrategia, plantea que el mando operativo de la Guardia Nacional será de los oficiales del Ejército Mexicano y la Armada.
Según advierte Surya Palacios, esta disposición contraviene el artículo 129 de la Constitución, el cual precisa que: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Aunado a ello, la estrategia establece que la Guardia Nacional contará con una Junta de Jefes de Estado Mayor, figura que se mencionaba en la iniciativa de la reforma constitucional con la que se creó la corporación y, que fue eliminada y sustituida por una Instancia de Coordinación Operativa.
Por lo tanto, añade Palacios “si se quedará así el dictamen, el término de Junta de Jefes de Estado Mayor, transgrede el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Violaría la constitución”.
Negociación con la delincuencia
Tras realizar la revisión del documento, explica la abogada y periodista, encontró que éste incorpora la posibilidad de “negociar con los delincuentes”; dicha disposición plantea un proceso de desarme, desmovilización y reinserción social.
Esta propuesta de pacificación y justicia transicional, señala Palacios, equipara a los grupos de la delincuencia con las organizaciones de resistencia civil armada y guerrillas de otros países del centro y sur del continente americano, considerándolas como, un tipo de agrupaciones beligerantes con “niveles de organización, poder de fuego y control del territorio equiparables”.
El plan sugiere que para poner en marcha estos procesos, las personas que han cometido delitos, tendrán que arrepentirse de éstos y, sólo así, podrán entrar en una negociación que incluye ciertos ofrecimientos y beneficios de parte del gobierno federal; entre ellos se encuentra:
* Ensanchar las perspectivas de vida y de la existencia, con el aumento de su esperanza de vida, siempre y cuando depongan las armas.
* Se les propone “la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos”.
* La oportunidad para que encabecen negocios legales y regulares.
* E, incluso, la posibilidad de alcanzar la respetabilidad social.
Lo anterior implicaría, sentencia Palacios, la inexistencia de procesos de justicia para las víctimas y familiares, así como, la renuncia del Estado mexicano a sus potestades punitivas, establecidas en los artículos 17 y 18 constitucionales, cuyo principio establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia”.
“Guardias Nacionales” con competencias de Ministerio Público
La estrategia, que permanece en el Senado esperando a que Alfonso Durazo comparezca para dar explicaciones, dispone que la Guardia Nacional actuará a través de 266 regiones en el país y “llevarán a cabo acciones de prevención, investigación, detención, puesta a disposición de Ministerios Públicos y aportación de pruebas”.
A decir de Palacios, “esto es violatorio de los artículos 21 y 102 constitucionales porque se les está otorgando a los miembros de la Guardia Nacional, facultades que son de las fiscalías y los ministerios públicos” e insiste, “ni siquiera en el artículo 21 reformado se les otorgan estas facultades”.
En ese sentido, sugiere que dentro de las 266 regiones existirán Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, en las que participarán los gobernadores de los estados, un representante de la Zona Militar y/o de la Marina, los representantes de seguridad de los estados y, el Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo.
La participación de este último en las coordinaciones estatales, precisa Palacios, es ilegal y altera el pacto federal, así como, la autonomía de los Estados, derechos garantizados en los artículos 40 y 41 de la Constitución y que, establecen que cada entidad será libre y soberana “en todo lo concerniente a su régimen interior”.
Sobre ello, advierte que el ejecutivo nacional habría declarado previamente que estos no participarían dentro de las decisiones que incumben a la seguridad del país, no obstante, el documento de la estrategia incluye dicha disposición: “A quién le creemos entonces, al presidente que dice que declara que no o al documento firmado por el presidente que envía al senado y que dice que sí”.
Una Guardia de Finanzas, tras el rastro del dinero
La estrategia que plantea el dictamen de los senadores, prevé la creación de la “Guardia de Finanzas”, una unidad especializada en investigación de lavado de dinero.
Según advierte Palacios, “esta estrategia dice que el Gobierno federal ya no va a combatir las capacidades operativas del crimen organizado, sino que sólo se va a centrar en el dinero y en los bienes del narcotráfico”. De hecho, así lo dice “se centrarán los esfuerzos en el dinero y los bienes del narcotráfico, más que en los llamados objetivos prioritarios; es decir, que el Mario Zambada puede estar tranquilo, que no lo van a perseguir, sólo van a perseguir su dinero y sus bienes”.
Lo único positivo de la estrategia
A esta suma de disposiciones irregulares e inconstitucionales, subyace un elemento que podría considerarse positivo, y es que, advierte Palacios, el documento plantea modificaciones legales para tipificar como delitos los incumplimientos a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales de derechos humanos, sobre violaciones graves.
Esto significaría, explica la especialista, que “las dependencias y los funcionarios que sean señalados por las comisiones y no cumplan con las recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, podrían ir a la cárcel”.
Para que esto sea una realidad, tendría que ser reformado el artículo 102 de la Constitución que regula a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la propia ley de la comisión, el Código Penal Federal y los respectivos códigos penales estatales.
Tras la comparecencia
Como se precisó, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, comparecerá este 23 de abril ante el Pleno de la Cámara de Senadores y tendrá que explicar y dar respuesta a las preguntas que éstos tengan respecto al contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Según lo establece el acuerdo de la Mesa Directiva, durante la comparecencia, cada uno de los grupos parlamentarios tendrán una intervención inicial de hasta cinco minutos, luego de ello, el secretario de Seguridad, tendrá 20 minutos para hacer precisiones sobre el documento.
Concluida su exposición, los grupos parlamentarios harán preguntas que tendrán que ser respondidas por el funcionario federal.
Según ha informado el Senado a través de un boletín de prensa, durante la primera ronda participarán todos los grupos parlamentarios; posteriormente, en la segunda, intervendrán Morena, PAN y PRI; y, para la cuarta, quinta y sexta ronda sólo tomará la palabra Morena. No se aceptará ninguna otra intervención distinta a las señaladas.
Posterior a este ejercicio, y dando continuidad al acuerdo de la Mesa Directiva, en la sesión inmediata siguiente las y los senadores procederán a la segunda lectura, discusión y votación del dictamen de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024.
Finalmente, sentencia Surya Palacios, de concluir este proceso sin modificaciones al documento de dictamen, “se estarían creando figuras y facultades legales que son inconstitucionales”.
Por lo que, compete a la oposición “consensuar y reunirse en el 33%”, para que juntos presenten una controversia inconstitucional sobre la estrategia que sea resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ciudadanos podamos recurrir al amparo.
