Si hay un informe que da cuenta del estatus real de los Derechos Humanos en Jalisco, es el anual del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Cepad, que desde 2006 publica datos sistematizados y casos puntuales sobre violaciones a los Derechos Humanos.
Jade Ramírez Cuevas V / @jadercv
Le dieron toques eléctricos en los dedos gordos del pie y en los testículos, después golpes en los oídos hasta dañarle el tímpano, cachetadas; lo intentaron ahogar poniéndole una manguera y un trapeado en la garganta. Para cuando dejo de respirar y cayó Luis al suelo, los policías investigadores de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Jalisco, Arnoldo Gómez Guzmán, Luis Ángel Hernández Morales y Jorge Luis Castañeda Ávalos, tenían claro que así a base de torturarlo en cuatro ocasiones, debía confesar el joven jardinero que habían detenido hace apenas tres horas, que era culpable de un homicidio.
En marzo de 2014 a Luis lo detuvieron arbitrariamente, no le permitieron una llamada a su familia. Fue su padre Salvador Camargo quien empezó a buscarlo hasta dar a través de Locatel con él. Así se dio cuenta que estaba en el inicio de una larga batalla por obtener la libertad de su hijo, primero, y después justicia sobre el delito que le inculpan y la tortura física, psicológica y sexual de la que fue víctima para arrancarle una declaración de culpabilidad y que ya fue cuestionada en el litigio penal.
El nombre del primer texto del informe 2018 es Los Rostros Invisibles de la Tortura, y se centra no sólo en describir lo que ha enfrentado Luis el hijo de Salvador Camargo un señor de 76 años, sino los impactos negativos que él mismo está enfrentando además de la tristeza y pena moral de que su hijo, un “jardinero reconocido en la colonia y la ciudad”, lleve cinco años privado de su libertad.
En palabras de la organización, el informe compuesto por doce artículos, no es “la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad”. En el sitio web donde se puede acceder a los Rostros Invisibles de la Tortura en palabras de Salvador Camargo, padre de Luis aun detenido, también están: Libertad de Expresión: obstáculos y contexto 2018 del periodista y académico Sergio René de Dios; La lucha incansable por la justicia continúa: criminalización en contra de la comunidad indígena de Mezcala del abogado Salvador López; La desaparición forzada de Miguel Ángel: “Fue la Marina” de Aarón el hermano de Miguel Ángel; El Derecho humano al agua de Carlos Peralta presidente de la Asamblea del CEPAD y Éxodo migrante, su paso por la ciudad de Heriberto Vega, entre otros.
Un año con la vida estrellada contra la realidad. Desaparecer la región costa el sur de Jalisco
“Se tornó todo en una angustia y tristeza que nos está secando el alma día con día, para nosotros no hay días de fiesta, no hay navidad, no hay año nuevo, no hay fiesta de cumpleaños, vivimos solo esperando el día en que alguna de las tantas instituciones de gobierno nos hable y nos diga que ya saben dónde está o qué le sucedió a mi hermano”, son parte de las primeras reflexiones de Aarón Medina de Niz, autor del texto “La desaparición forzada de Miguel Ángel: fue la Marina”, otro de los artículos en voz de familiares de víctimas que, también son víctimas y es un objetivo de este año en el informe del CEPAD el visibilizar, ponerle nombre y descripción, a lo que enfrentan día a día las personas cercanas de a quienes se les han violado gravemente los derechos humanos y donde autoridades judiciales están involucradas.
Los informes de los gobiernos e incluso de organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio INEGI, centran la contabilización de víctimas en México a partir de personas denunciantes o protagonistas de un hecho violatorio de derechos, pero en el sub registro quedan familias, las otras personas que diligencian el derecho a la verdad, al igual que a la justicia. Si en Jalisco la cifra reconoce 7 mil 117 personas desaparecidas, la cuantificación de las otras personas que son afectadas por el delito grave, sería una multiplicación que avergonzarían más al sistema de justicia, a quienes son responsables de prevenir los delitos, legislar, repararlos.
En febrero de 2018 desaparece el hermano del autor del uno de los artículos del Informe Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018, del CEPAD. Los hechos se centran después de una noche acudir al Carnaval de Autlán y, de estar juntos con amistades se separa Miguel Ángel de Aarón acompañado de una amiga, fue la última vez que lo vio y supo de él. De ahí vinieron llamadas insistentes al celular, mensajes, irlo a buscar a cada casa de amigos o personas conocidas: nadie tenía referencia de él.
Sin embargo, el artículo que señala a La Marina como autor de la desaparición, tiene un contexto, un hecho con el que inicia Aarón Medina de Niz y refiere a dos años antes:
El 4 de diciembre de 2016 elementos de la Secretaria de Marina Armada de México entraron al domicilio de su hermano que es comerciante y logró después de años de trabajo tanto en Norteamérica como en Jalisco, tener ingresos y pertenencias consistentes. El resultado de esa inesperada “visita” dice Aarón, fue el robo de todas las pertenencias de mi hermano, ropa, zapatos, electrodomésticos, utensilios de cocina y dinero, así como joyas y otras cosas, derivado de esto mi hermano al día siguiente que se dio cuenta y al haber testigos que observaron este suceso, presentó una queja en la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, para hacer valer sus derechos.
Se citan los expedientes judiciales de la desaparición de Miguel Ángel Medina Niz en Autlán: la Carpeta 421-2017 iniciada en la PGR por inspección arbitraria de elementos de la Marina, después se acumuló la Carpeta de investigación 47-2018 en la Fiscalía Regional por la desaparición, y le siguió la FED-JAL-GDL-0001207-2018 en la Fiscalía General; en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada en la Ciudad de México se le asignó en número de Carpeta 402-2018. En el seguimiento de todas esas carpetas y denuncias, Aarón Medina Niz está al frente y por más cansado y desalentador que resulte lidiar con todas las autoridades a las que ya ha señalado ante comisiones de Derechos Humanos, no renunciar a buscar y saber dónde y qué pasó con su hermano. En el artículo que publica, cierra así: “Diariamente estoy en contacto, ya sea vía telefónica o por medio de mi asesor jurídico, con la Fiscalía de Desaparecidos en México, así como con la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero siempre me dicen que aún no hay nada, que siguen trabajando en eso, o a veces simplemente no me dicen nada (…) Yo no me voy a cansar de buscar a mi hermano Miguel Ángel Medina de Niz, y lo seguiré buscando hasta encontrarlo. Necesito decirle a mi madre qué pasó con su hijo”.
En la presentación participaron Carlos Chávez directo de Ajagi, organización civil con décadas de apoyo y atención a comunidades indígenas en el estado y se centró en exponer lo que está pasando en San Lorenzo Azqueltán en Villa Guerrero, al norte de Jalisco, donde por la defensa del territorio invadido y no reconocido históricamente, está en riesgo la identidad de un grupo indígena sometido y hostigado por mestizos, gobiernos locales y crimen organizado.
Carlos Chávez explicó que se trata de un caso de conflicto al que poco o nada de atención ha merecido de las autoridades recién retiradas de la administración pública con Jorge Aristóteles, y de las de ahora con Enrique Alfaro, pues, aseguró el defensor de derechos humanos que tanto la secretaria Fela Pelayo y Enrique Ibarra Pedroza ya conocen la situación del pueblo tepecano, sin que esté siendo debidamente atendido.
El informe del CEPAD también citan números que ayudan a entender las atrocidades, como que según números oficiales obtenidos a través de transparencia en la Secretaría General de Gobierno, hubo en 2018, 186 actos de protesta social, esa manera constante de salir a la calle para exigir justicia, por un lado, y por otra dejar claro que los gobiernos de distinto ámbito, no resuelven problemáticas. Quien escribe en el informe ese bloque referente a los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es José Rodríguez Toral. En su artículo describe las acciones que en el último año conflictos longevos como Temacapulín quien protesta en la capital del estado tuvo presencia o el ejido El Zapote protagonizó 41 acciones, pero también la manera en como protestaron vecinos de Arboledas Sur en Guadalajara para proteger parte del bosque urbano enfrascado en un conflicto de posesión de tierras que el ayuntamiento de Guadalajara intentó sofocar con antimotines y detenciones.
Fue Jaqueline Galaviz integrante de Calle Sin Acoso, quien narró una síntesis del Complejo Camino de la Solicitud para la Activación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Jalisco, así describió cómo está Jalisco en la materia con dos alertas, una del estado emitida en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, y otra actividad por el gobierno federal en los últimos días del sexenio anterior.
El Informe Situación de los Derechos Humanos en Jalisco (link https://cepad.org.mx/wp-content/uploads/sites/44/2019/04/InformeCepad-2018.pdf) está disponible en la web y también puede consultarse de cerca el estatus de los casos en la organización, se presentó recién el jueves 4 de abril en la Casa Clavigero y contó con la introducción a manera de bienvenida al recinto universitario de Luis Arriaga, quien etiquetó como nueva coordenada de atrocidades a Jalisco; al leer el informe de 2018 y los que anteceden este ejercicio de sistematizar casos particulares y evaluar políticas públicas insuficientes para garantizar el goce libre de derechos, no es difícil aceptar la tesis expuesta en la presentación por el rector del ITESO.
