El éxodo migrante continúa con la salida de una nueva caravana integrada por más de dos mil personas originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Cuba, quienes llegaron a México el pasado 23 de marzo. Las organizaciones que monitorean el recorrido del contingente han manifestado que el uso deliberado de un discurso oficial basado en la seguridad, así como, en la militarización de la frontera sur del país, han propiciado un ambiente de miedo y criminalización hacia la población migrante en tránsito.
Los apoyos de parte de la ciudadanía, los gobiernos estatales y municipales han disminuido; por ello, las organizaciones, urgen acciones integrales de protección y asistencia humanitaria al gobierno federal, antes que, el despliegue de operativos policiales.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
Mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adolescentes no acompañados, jóvenes y adultos mayores originarios de Centroamérica y El Caribe, llegaron a la frontera sur de México el pasado sábado 23 de marzo.
El contingente salió de Tapachula, Chiapas y lo conforman más de 2 mil 600 personas. A cuatro días de su andar, ya han recorrido los municipios de Huehuetán, Escuintla y Villa Comaltitlán, según ha informado el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
Los apoyos humanitarios son escasos, apenas la instalación de baños y agua potable. Si bien, autoridades municipales y estatales han ofrecido transportes para los integrantes del contingente, pareciera, advierte en un comunicado el colectivo de observación:
“Responde a un esfuerzo por evitar que el éxodo ingrese en los centros de población, más que brindar apoyo y condiciones dignas para las personas de la caravana”.
De acuerdo con lo informado por los observadores y acompañantes, tras la salida de la caravana en Tapachula no hubo presencia de cuerpos de seguridad o del Instituto Nacional de Migración, sin embargo, conforme avanza el contingente ha sido evidente la presencia excesiva de elementos de seguridad estatales, municipales y federales, así como, de Protección Civil y el Grupo Beta.
Poca ha sido también, la presencia de funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y/o de las comisiones estatales de derechos humanos.
A decir de las organizaciones que acompañan y defienden los derechos humanos de las personas migrantes en México, esta nueva “Caravana Centroamericana y del Caribe” es producto de “de las condiciones de vida indignas instaladas en Tapachula, la criminalización, xenofobia e inseguridad, así como el rebasamiento en la operatividad de las oficinas de atención a solicitantes de refugio COMAR, como el cierre de las oficinas de regularización migratoria”.
Preocupa a las organizaciones la suspensión del acceso a la regularización migratoria, ya que, desde el 15 de marzo permanecen cerradas las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, al mismo tiempo que, las oficinas en Ciudad Hidalgo y Talismán sólo se encuentran ofreciendo algunos servicios continuidad a los trámites de seguimiento y resolución de regularización por razones humanitarias.
“El acceso a la regularización determina las garantías de no detención y deportación, además del acceso a las condiciones de vida digna para las personas”, refiere en un comunicado el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
Finalmente, han hecho un llamado a la población y a las organizaciones de la sociedad civil para que se sumen a las acciones de hospitalidad y solidaridad hacia este éxodo migrante centroamericano y caribeño.
