En la región de Los Altos de Chiapas, más de 6 mil indígenas tzotziles han sido desplazados de sus comunidades de manera forzada desde el año 2016. Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó han sido las poblaciones más afectas por los ataques y la violencia que han generado grupos de civiles armados de corte paramilitar, vinculados al poder político municipal y estatal.
Mientras el Estado mexicano hace caso omiso a las medidas cautelares y recomendaciones que han emitido diversas organizaciones nacionales e internacionales, así como a los llamamientos de grupos de representación y defensa para los pueblos indígenas, familias enteras han tenido que salir huyendo de las ráfagas de fuego, dejando atrás sus casas, sus tierras, sus animales, su historia y su vida. Años después del primer ataque registrado en 2016, las personas en desplazamiento forzado no han conseguido regresar a sus casas y, si lo han hecho, ha sido de manera intermitente entre el ir y venir de las balas.
El siguiente trabajo se realizó en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas (FrayBa), quienes desde hace más de una década han acompañado a las poblaciones indígenas en el sureste del país. Su trabajo ha implicado la documentación, visibilización y denuncia de los contextos de violencia y violación a los derechos humanos. Los testimonios e imágenes presentadas a continuación forman parte del archivo documental al que nos han permitido tener acceso.
Por Dalia Souza / @DaliaSouza
Con una bala incrustada en el pómulo ha vivido la señora Apolonia desde el pasado 16 de enero de 2019; de acuerdo con los registros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), este ha sido uno de los primeros ataques sufridos durante el año en la zona limítrofe de los municipios de Aldama y Chenalhó en Chiapas.
El hijo de Apolonia relata que ella, su madre, había regresado a su casa después de asistir a una reunión en la agencia rural de la comunidad de Cotzilnam, eran cerca de las cinco de la tarde y como es costumbre pretendía desgranar el maíz para hacer el nixtamal. Se dirigió a la cocina y mientras se agachaba a tomar su canasta recuerda escuchar cada vez más cerca e intensamente el sonido de las armas de fuego. De pronto, sin entender qué había pasado –pues asegura no haber sentido el proyectil en su cara- se vio con una herida de gravedad en el rostro.
Ella, como muchos otros, no recibió atención médica ya que hay pocos centros de salud y los que todavía se encuentran abiertos no tienen un médico y/o insumos que permitan atender a la comunidad.
Centro médico en Tabac, Aldama. Foto: Frayba
Hay que decir que la casa de Apolonia, además, está localizada frente a una de las colinas donde los grupos armados han montado uno de los tantos puntos de vigilancia y disparo, lo que significa que de forma recurrente su propiedad es impactada por proyectiles. Lo mismo sucede con las escuelas, espacios del saber que han cerrado ante el terror que implica imaginar siquiera que una bala podría llegar a alcanzar a un niño, a una niña, a una maestra o maestro, a un padre o madre de familia –así como ya ha sucedido con las instalaciones-.
Así se “vive” el día a día en esta región de Los Altos de Chiapas, así es la cotidianeidad de quien huye de las balas y se esconde atrincherado en algún rincón de su casa, así vive quien además de estar en desplazamiento no tiene acceso a servicios mínimos básicos, quien no puede ir a la escuela. Sí, se vive con una bala incrustada en el pómulo como Apolonia, o con una herida en la pierna, o, quizá, con una enfermedad crónica refugiado o refugiada en un “campamento” en algún lugar de la montaña.
Apolonia y su familia experimentan eso que ha llamado el Frayba “desplazamiento forzado intermitente”; es decir, las personas salen y entran de las comunidades cada vez que hay un ataque, sin embargo, cuando regresan no lo hacen del todo. Algunas viven en casas prestadas, en algún espacio donde las balas aún no han llegado, en los patios, en el campo abierto, esperando el siguiente evento violento. Vuelven porque buscan recuperar lo que es suyo y les fue arrebatado: su tranquilidad, sus tierras, sus familias, sus proyectos, sus tradiciones, su conexión con la tierra y la naturaleza, su forma de vida.
A decir de este centro para la defensa de los derechos humanos, algunos de los impactos directos que el desplazamiento forzado interno ha ocasionado a estas comunidades y que, han sido obviados por las distintas instancias encargadas de atender la crisis humanitaria que enfrentan son: falta de condiciones para la sostenibilidad de la vida, la erosión de las capacidades de soberanía alimentaria, la pérdida de los espacios de producción y cuidado familiar, la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de la comunalidad y de las redes de protección socialmente construidas, el surgimiento de conflictos internos, los daños en los sistemas de identidad cultural y el aumento de riesgo de muerte materna e infantil.
De acuerdo con el Informe: Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en Chiapas 6 mil 069 personas fueron desplazadas de sus comunidades durante el 2017, esta suma representa el 29.8% del total de la población desplazada durante aquel año en México. Al menos 15 localidades de cuatro municipios fueron afectadas durante en tres eventos de violencia, resalta el informe.
De la comunidad de Chalchihuitán, las poblaciones de Ch’enmut, Pom, Tzomoltón, Canalumtic, Bejeltón, Tulantic, Bololchojón y Cruztón.
De Chenalhó: Majonpepentik y Polhó; de Oxchuc: Rancho del Cura, Stenle’akil y Cruztón; y de Venustiano Carranza: El Refugio y Francisco Villa.
MAPA COMUNIDADES Y EJIDOS_Libro Género, interlegalidad y conflicto en San Pedro Chenalhó
El recuento de los tiroteos que no cesan
Durante los últimos tres años el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado los eventos de violencia que consolidaron la crisis de desplazamiento forzado interno masivo en las comunidades indígenas de Chiapas.
El primer evento registrado surge en marzo de 2017 en la comunidad El Refugio en el municipio de Venustiano Carranza donde un grupo conformado por al menos mil elementos de la Policía Sectorial, ministeriales y miembros del ejército desalojan a 80 familias y dos días más tarde fueron desalojadas otras 55 familias del poblado de Francisco Villa. Las personas permanecieron en un campamento improvisado a los costados de la carretera La Angostura en la comunidad de El Cascajal.
Los hechos siguientes se desarrollan en el mes de abril de 2017, en esta fecha fueron desplazadas más de 200 personas del Rancho El Cura, Stenle´akil y Cruztón en el municipio de Oxchuc. En esta ocasión, se responsabiliza a un grupo de seguidores de la ex presidenta municipal María Gloria Sánchez Gómez, quien fuera destituida del cargo tras una orden de la Fiscalía General del Estado de Chiapas al Congreso del mismo estado por ser presunta responsable de dichas agresiones.
El tercer hecho estaría marcado por los acontecimientos del 17 de octubre de 2017, cuando un grupo de civiles armados de corte paramilitar asesinó al campesino Samuel Luna Girón mientras labraba la tierra. A la par de estas agresiones fatales, otras diez comunidades ubicadas en la zona limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó sufrieron las consecuencias trágicas de estos hechos: quema de casas, disparos en contra de viviendas y edificios, persecución, despojo y quema de cultivos hicieron que 5 mil 323 personas en su mayoría originarias de Chalchihuitán y otras más de Chenalhó, salieran huyendo hacia la montaña para “salvaguardar” sus vidas.
Para el 14 de noviembre de 2017 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denuncia que Chiapas se encuentra ante una crisis humanitaria por desplazamiento forzado; incluso, se atreven a asegurar que estos conflictos se asemejan a crisis de 1997. En aquel año, el 22 de noviembre, 45 personas indígenas en Acteal, mayoritariamente mujeres, ancianos y niños fueron asesinados a sangre fría por un grupo paramilitar de Chenalhó, dos décadas después aún no hay justicia para estas víctimas.
Luego de estos hechos, es el mismo Frayba quien ha informado sobre el riesgo continuo y continuado al que se enfrentan las comunidades indígenas de tzotziles en Aldama en manos de grupos armados de la comunidad de Chenalhó y que ha atentado incluso, con familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).
Para el 27 de febrero de 2018, dos comunidades más y la cabecera del municipio de Aldama son agredidos por un grupo armado identificado como parte del Ejido Manuel Utrilla de Chenalhó.
El 16 de marzo del mismo año el grupo armado ingresó a estas comunidades disparando a las viviendas, a la iglesia, al mercado y a la presidencia municipal. Cuatro días más tarde, el 20 de marzo, 145 familias tzotziles de Kabah y 90 familias de la comunidad de Coco son desplazadas de sus viviendas.
“Dispersas en la montaña” señala Azalia Hernández encargada del área de comunicación del Frayba, “no hay nadie que garantice sus derechos humanos como comunidades indígenas desplazadas”.
A finales de enero de este año 2019, el Frayba denunció que dos personas fueron heridas y una más asesinada en un ataque armado ocurrido en la comunidad de Coco en el municipio de Aldama. Fueron atacadas con disparos provenientes de las comunidades de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenaló. Los testimonios recuperados por el centro de derechos humanos refieren que “durante todo el día y toda la noche hubo disparos de armadas de fuego de parte de grupos armados”. Hasta la fecha, en estas comunidades (Xuxch´en, Coco, Tabak y San Pedro Contzilnam) permanecen desplazadas 2 mil 036 personas desde marzo de 2017 y siete familias más desde el año 2016; se trata de 416 mujeres –siete de ellas embarazadas-; 408 hombres; 84 adultos mayores; 326 adolescentes; 27 niños; 317 niñas; y 205 bebés.
El origen del conflicto
De acuerdo con el trabajo de investigación La persistencia de la pobreza en Los Altos de Chiapas. Factores estructurales y regionales realizado por Juan Martínez y Héctor Fletes en el año 2015, 15 de los 17 municipios que integran la región de Los Altos de Chiapas presentaban un grado de marginación “Muy Alto”, siete de estos pertenecían al grupo de municipios con mayor porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional y diez de éstos integraban el padrón de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano en el país.
Es importante señalar lo anterior para comprender el contexto de por sí complicado que acompaña a los habitantes de las comunidades, ya que no sólo se trata del desplazamiento pues estas poblaciones arrastran condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión y discriminación.
Según relatan Azalia Hernández, el conflicto comenzó hace cuatro décadas, luego de que la extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) iniciara en 1973 trabajos de reconocimiento y titulación de terrenos comunales, llegando a establecer límites entre poblados y asignado propietarios. Bienes comunales que hay que precisar, ya se encontraban establecidos por los habitantes, quienes definieron que el río era una frontera natural entre las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó.
La disputa entonces, es por el derecho a la tierra. Se dice que la SRA cometió un error al realizar la medición que asignaría a una comunidad cierto número de hectáreas del territorio y a la otra la despojaría de éstas. La acción desencadenó, precisa Azalía Hernández “un conflicto social que actualmente está administrado desde el estado de Chiapas y donde no hay una solución porque no existe disposición”.
De acuerdo con el análisis que realiza el Frayba, nos encontramos con dos pueblos tzotziles que con el tiempo se han venido dividiendo por determinadas franjas políticas, que tienen disputas por un territorio y que, ha sido alentado desde el Estado.
En el siguiente audio testimonial, un hombre tzotzil, relata desde su experiencia el origen del conflicto que desde la primera década del siglo XXI ha provocado el desplazamiento, la violencia y las agresiones en contra de miles de personas en esta región.
Los perpetradores
El Frayba ha documentado, de acuerdo con los testimonios de habitantes de la región, que los responsables de estos ataques son grupos de civiles armados vinculados al poder político municipal, particularmente del municipio de Chenalhó y del gobierno del estado de Chiapas. Estos grupos a su vez están vinculados a ex paramilitares y actúan ante la omisión directa del Estado mexicano.
Asimismo, han identificado que son al menos dos grupos diferentes de personas que en ocasiones se intercambian integrantes para realizar los ataques.
Reconociendo que Chenalhó ha sido cuna de paramilitares, manifiestan que, también se trata de sucesores de paramilitares; es decir, jóvenes a los que les heredan conocimiento en el uso de armas, así como las redes de protección e impunidad. Los grupos armados pertenecen a las comunidades de Santa Martha, Manuel Utrilla y Chenalhó.
Las agresiones documentadas recuentan el uso de armas y presencia de personas armadas, amenazas, intimidación, despojo de casas y tierras de cultivo, quema de propiedades, casas y edificios baleados, saqueo de viviendas, así como, robo de pertenencias y animales.
Comunidades indígenas desplazadas en Chiapas. Foto: Frayba
Sin garantías de retorno
No hay garantías de regreso para quienes han sido desplazados y desplazadas de manera forzada en Los Altos de Chiapas. Como ha advertido el Frayba, aquellos que han regresado a sus casas no lo han hecho por completo, pues, por un lado, los ataques y los disparos no cesan y por el otro, lo que tenían les fue arrebatado. Ya en marzo de 2017, Frayba había documentado los testimonios de personas que advertían lo difícil que resultaba regresar a sus hogares, según señalaban, las amenazas continúan y los grupos permanecen generando un estado de terror que imposibilita la vuelta a sus vidas como las recuerdan.
En enero de 2018, luego del desplazamiento forzado masivo de más de 5 mil personas, diversos organismos como la CMDPDH documentaron el retorno de 3 mil 800 habitantes de Chalchihuitán, sin embargo, estos no han conseguido regresar a sus hogares, incluso, se han visto obligados a continuar con una dinámica de desplazamiento dentro de sus propias comunidades.
El rostro del desplazamiento son las mujeres y los niños.
A decir de Azalia Hernández, el Frayba considera que son víctimas de desplazamiento forzado las más de 6 mil personas que en Los Altos de Chiapas fueron obligadas a salir de sus viviendas, producto de los ataques de grupos armados en los últimos años. Todos y todas aquellas a las que se les arrebató la tranquilidad y sus formas de vida.
Algunos desplazados, han tenido que modificar sus formas de obtener el alimento que llevan a sus familias; hay que señalar que éstos dependen de su capacidad de producir sus alimentos y se han visto obligado a dejar el campo, a migrar, para desempeñarse en otro tipo de tareas.
Sin embargo, son las mujeres y los más pequeños, quienes no sólo fueron despojados de la vida en términos de las dinámicas cotidianas, sino que, además, perdieron la vida durante estos eventos violentos, debido a las condiciones a las que se encuentran sometidas las familias desplazadas. A estos se suman las personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.
Los primeros casos documentados –luego de los hechos de 1997 en Acteal- hablan del fallecimiento de 11 personas que fueron desplazadas de sus hogares en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó en octubre de 2017. En aquel evento murieron dos recién nacidos, un bebé de año y medio, un bebé de dos años y siete meses, dos adultos y cinco adultos mayores. Las razones: hambre y frío provocado por las condiciones inhumanas a las que fueron arrojados; es decir, a la intemperie, en medio de la montaña cubiertos apenas con algunos plásticos, a un costado de carreteras o en campo abierto. La suma de personas que han perdido la vida en medio de estos contextos asciende a 25.
En cada una de estas muertes, el común denominador: la impunidad.
Niños indígenas desplazados. Foto: Danny Alveal de Ruta 35.
Medidas cautelares y recomendaciones para un Estado mexicano omiso
Luego de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitara medidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y después de que este organismo internacional fallará a favor de los solicitantes, el Estado Mexicano fue instado a cumplir con una serie de “medidas de protección necesarias para garantizar los derechos de indígenas tzotziles desplazados en Chalchihuitán y Chenalhó en Chiapas”. De acuerdo con la resolución 15/2018 y la medida cautelar n° 882-17 el Estado mexicano tuvo que:
- Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Específicamente para garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros;
- Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes;
- Informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
No obstante, denuncia el Frayba, el Estado mexicano respondió con “mucha simulación”. La gran mayoría de la ayuda humanitaria recibida en las comunidades –en aquel momento y hasta ahora- ha sido promovida y entregada por la sociedad civil y por las iglesias; en cuanto a la asistencia médica, ésta fue ofrecida por organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras y por la UNICEF, aún y cuando la responsabilidad directa es de las autoridades mexicanas.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 87/2018 respecto a los hechos ocurridos el día 18 de octubre de 2017 donde, advierte el documento “varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona, por lo que aproximadamente 5,266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón todas pertenecientes a Chalchihuitán y Majompepentic, del municipio de Chenalhó, Chiapas, dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas del mismo municipio”.
La Recomendación enumera una lista de vulneración a derechos humanos que las autoridades mexicanas cometieron en la comisión de estos hechos; entre estos señalamientos se encuentran: la afectación de los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria, y a las medidas de ayuda inmediata; también precisa que fueron violentadas las garantías a la seguridad personal, a la vida y al acceso a la justicia –en términos de procuración inadecuada- así como, los derechos económicos, sociales y culturales.
Además, se añade que no se garantizó ayuda inmediata, servicios de salud, seguridad pública, ni se realizaron labores de prevención de delitos; las personas desplazadas, sentencia el documento, “tampoco fueron auxiliadas ante la violencia, ni se implementaron acciones para salvaguardar sus derechos humanos”.
De esta manera, la Recomendación está dirigida a diversas autoridades en el estado de Chiapas como al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al propio Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca; así como a autoridades federales, tal es el caso del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales Alejandro Gertz Manero; al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; y al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López. Finalmente, la Recomendación se gira a la Presidenta Municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y al Presidente Municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.
Comité Desplazados Forzados, Internos de Chahuite en Chiapas. Foto: Frayba
Militarización del territorio y la vida
Para quienes viven en Chiapas la militarización se entiende como una violación a los derechos humanos, advierte Azalia Hernández; no obstante, y aunque las comunidades no lo aceptan, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en acuerdo con el actual gobernador del estado Rutilio Escandón, enviaron el día 23 de enero camiones militares con soldados y agentes policiales para instalar una Base de Operaciones Mixtas en la comunidad de Coco, municipio de Aldama.
¡Alto al fuego!
Junto con estas organizaciones para la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, la Junta de Buen Gobierno Zapatista acusó los gobiernos federal, estatal y municipal de los conflictos armados entre Aldama y Chenalhó. Los señalamientos se dan luego de los ataques sufridos en la comunidad de Coco en Aldama los días 21 y 22 de enero, donde dos personas resultaron heridas y una más fue asesinada.
Con un informe detallado sobre los hechos que han marcado el conflicto de estos pueblos durante las últimas cuatro décadas, evidencian la suma de muertes y hechos violentos que han dejado los gobiernos desde Vicente Fox (2000-2006), pasando por Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) hasta llegar al actual Ejecutivo nacional Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Sobre este último, sus bases de datos y registros advierten que, durante los primeros meses de su gestión, tres personas han muerto y hay cuatro heridos.
Respecto a los gobiernos estatales señalaron a Pablo Salazar Mendiguchía; Juan Sabines; a Manuel Velasco Coello; y al actual gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandón.
En cuanto a los presidentes municipales mencionaron a Enrique Ruiz Ruiz y Lorenzo Gómez Gómez; a Rosa Pérez Pérez y Marcelino Patishtan; así como a Abraham Cruz Gómez e Ignacio Girón actualmente presidentes municipales de Chenalhó y Aldama –respectivamente-.
El llamado y la exigencia es al alto al fuego, a realizar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a todos aquellos grupos de civiles armados que se encuentran en esta región atemorizando y asesinando a hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
Se pide además una investigación a fondo sobre las autoridades responsables de la organización y actuación de dichos grupos armados.
Finalmente, se exige con urgencia: atender de manera integral a las comunidades y a sus habitantes, quienes, como hemos relatado hasta ahora, han sido víctimas directas y permanentes de graves violaciones a sus derechos humanos y atentados contra su vida.
