Con un enfoque de derechos humanos la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA) y la Red de OSC para Personas Desplazadas (Red OSC) vigilan el recorrido de la caravana migrante 2019 desde su salida de Honduras el pasado 14 de enero. Los monitoreos denuncian las condiciones del camino y la situación de las personas migrantes durante su paso por México y sus planes de llagada a Estados Unidos.
Por Dalia Souza
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De acuerdo con el primero reporte, el contingente se encuentra integrado por familias con niños y niñas de corta edad, jóvenes menores de edad viajando solos y hombres jóvenes. Según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Migración (INM), de cada 100 migrantes que integran esta caravana, 22 son niños y niñas.
Asimismo, han denunciado que autoridades y medios de comunicación en Honduras se encuentran realizando una campaña de contención y criminalización hacia la población que ha decidido salir del país centroamericano. De manera particular sobre mujeres y familias con hijos pequeños, según advierten, ya que, desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) en Honduras, padres y madres han sido advertidos sobre las repercusiones legales que tendrían si deciden migrar junto con los menores de edad. Las sanciones podrían alcanzar hasta los tres años de prisión de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 del código de niñez y adolescencia y, del 179G del código penal –esto en caso de reincidencia-.
“Denunciamos cualquier forma de criminalización a las mujeres y familias que vienen huyendo de la violencia y que pueden ser detenidas y criminalizadas por intentar salir de su país en búsqueda de sobrevivencia” sentencia el documento.
En el último reporte emitido por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano –también integrante de esta red de defensa y monitoreo- se ha hablado de una caravana que de a poco ha ido fragmentándose durante su paso por los estados de Chiapas y Oaxaca, mientras que se documentó la salida de un nuevo contingente el día 19 de enero.
Hasta ahora se ha informado de la entrega de las primeras Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), un documento que se ofrece a personas extranjeras en condición migratoria que hayan sido víctimas o testigos de algún delito dentro del territorio nacional, a los solicitantes de asilo político, refugio o con protección complementaria y procedimiento de apátrida, así como a niñas, niños o adolescentes no acompañados.
Con ello, el Gobierno Federal ha informado que con la entrada de la caravana a México el trámite se ha agilizado, pasando de 30 a 4 o 5 días máximo para la entrega del documento, mismo que les permite ingresar a territorio mexicano de manera regular, permanecer en éste durante un año y acceder a oportunidades de trabajo. No obstante, Voces Mesoamericanas organización en el sureste del país dedicado a la defensa de los derechos humanos, ha constatado que el proceso está demorando entre 8 y 10 días, a los que se suman al menos dos días más de fila para realizar el trámite.
Lamentablemente, sentencia esta organización, si bien el contingente se ha encontrado con una “frontera más accesible”, el panorama continúa siendo complejo, ya que, “aunque haya mayor disposición para brindar apoyo a la población migrante, no existen actores que puedan sostener una respuesta a la magnitud de estos éxodos que salieron, salen y seguirán saliendo de sus países de origen mientras no encuentren en ellos las oportunidades para llevar una vida digna”.
Finalmente, han informado que la población de migrantes en la frontera sur se ha incrementado con el paso de los días, se habla de al menos 7 mil personas varadas entre México y Guatemala, algunas se encuentran esperando sus tarjetas de visa humanitaria, otras más esperan su turno para iniciar el trámite y otras tantas están llegando y aún no inician el proceso.