Por Redacción/ Raíchali
Chihuahua. – México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, sin embargo, estados como Chihuahua son considerados de alto riesgo por una particularidad: las autoridades de seguridad han reconocido su incapacidad para enfrentar el problema de inseguridad en la Sierra Tarahumara.
Una de esas zonas en conflicto es Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en donde hace tres meses fue asesinado líder rarámuri Julián Carrillo, reconocido por defender el territorio ancestral de su comunidad.
Rodrigo Sales, investigador para las Américas de Amnistía Internacional (AI), informó que el control del crimen organizado en los municipios serranos ha pasado de la siembra y comercialización de amapola y mariguana a la destrucción del territorio por la tala ilegal.
El control del territorio ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de familias, así como hostigamiento, amenazas y la condena al rezago social a quienes se permanecen en la comunidad.
En entrevista con Raíchali, mencionó que a diferencia de otras entidades en las que existen medidas de acción “en papel”, en Chihuahua no se ha construido una estrategia para atacar la raíz estructural del problema.
“El gran problema de la Sierra es que no se ha tomado una estrategia para atacar las raíces estructurales del problema”
A la par, comentó que en las entrevistas que han tenido con autoridades estatales, específicamente con el gobernador Javier Corral, el fiscal César Augusto Peniche y mandos de la Comisión Estatal de Seguridad, está el reconocimiento de que no cuentan con recursos financieros ni humanos para garantizar la seguridad de los defensores ambientales, ni para hacerle frente al crimen organizado.
Ellos nos reconocen que tiene poca capacidad financiera y de recursos humanos y como el crimen organizado está más estructurado que el Estado, es difícil encontrar una estrategia para hacer frente al crimen organizado en Chihuahua”
Sobre la presencia policiaca en la Sierra, el investigador de Amnistía Internacional detalló que dos de los directores de la Comisión Estatal de Seguridad expresaron que los mismos policías tienen miedo de acudir a las comunidades por el riesgo al que se enfrentan.
A tres meses del asesinato de Julián, comentó que han observado que no hay un avance real en la impartición de justicia, pues refirió que, en este plazo, ya deberían de existir acciones como la ejecución de órdenes de aprehensión a los presuntos responsables del crimen.
Pide un plan de protección colectiva para Coloradas de la Virgen
Este jueves, Amnistía Internacional presentó su informe Entre Balas y Olvido,, en el que hacen cinco recomendaciones para la Sierra Tarahumara.
En entrevista con Raíchali, el investigador destacó que una de las propuestas que hacen para enfrentar el problema de inseguridad en Coloradas de la Virgen, es un plan de protección colectiva.
Explicó que esa estrategia debe estar acompañada de una consulta a la comunidad para conocer sus necesidades básicas que van más allá de la presencia policiaca.
“La consulta ayuda a ver las raíces de la inseguridad. Coloradas de la Virgen es una comunidad sin electricidad, sin servicios básicos, es difícil desplazarse y queremos que las autoridades dialoguen con ellos para que les digan qué creen que es necesario para que puedan ejercer su rol como defensores ambientales”, detalló.
A nivel federal, dijo, Amnistía también solicitó una política pública que permita garantizar la protección de los defensores ambientalistas, así como la impartición de justicia en los crímenes que se han cometido en México.
Para pasar del estudio y la documentación de violaciones a derechos humanos, aclaró que Amnistía vigilará que el Estado mexicano dé seguimiento a las recomendaciones y, en su caso, denunciará las omisiones de las autoridades.
Cuestionado sobre los plazos que han marcado para la atención de la Sierra Tarahumara, reconoció que por la complejidad de la situación y el tiempo que pueden tomar los procesos, es difícil fijar una meta.
En ese sentido, la organización dará un seguimiento a las acciones que implementen las autoridades, visitará constantemente a la comunidad para ver si existe algún avance y, en su caso, denunciará las omisiones del Estado.
Las cinco recomendaciones sobre el caso de Coloradas de la Virgen al Estado mexicano:
- Reconocer públicamente, desde los más altos niveles de las autoridades locales y federales, la labor legítima de defensa de los derechos humanos que realiza la comunidad de Coloradas de la Virgen al defender su territorio y el medio ambiente.
- Reconocer y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular su derecho al territorio, el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (incluido el derecho a un medio ambiente sano), el derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, y el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Las autoridades deben asegurar la participación efectiva de los pueblos Indígenas y comunidades afectadas en relación con la planeación y ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales. Asimismo, el estado debe fortalecer el sistema de autonomía y autogobierno indígena de Coloradas con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas.
- para los miembros de Coloradas de la Virgen que incorpore una perspectiva integral, colectiva, de género y étnica sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, se deben tomar medidas efectivas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos en la comunidad, tales como la falta de carreteras, de profesores en las escuelas y centros de atención médica.Lo anterior debe incluir un análisis de riesgo colectivo en la comunidad, así como entrevistas con quienes se han visto forzados a desplazarse de la comunidad debido por la violencia y ataques debido a la defensa del territorio. Dicho plan debe contemplar las medidas necesarias para la protección efectiva de la comunidad y no necesariamente las medidas establecidas en el “Catálogo de medidas del Mecanismo”.
- Tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques, amenazas y asesinatos contra Julián Carrillo y demás miembros de Coloradas de la Virgen, e iniciar investigaciones prontas, exhaustivas independientes e imparciales que incluyan la posibilidad de que estos hayan sido llevados a cabo por su labor de defensa de los derechos humanos para identificar a todos los autores materiales e intelectuales de dichos ataques y traerlos ante la justicia.
- Promover una estrategia no militarizada de las tareas de seguridad pública y de lucha contra el crimen organizado en la Sierra Tarahumara, salvo en circunstancias de excepcional gravedad en que las autoridades no puedan depender únicamente de los organismos civiles encargados de hacer cumplir la ley.
¿Por qué Coloradas de la Virgen?
En el mismo documento, Amnistía Internacional destaca que los habitantes de Coloradas de la Virgen comenzaron a reclamar los títulos de propiedad de su territorio desde 1934, cuando solicitaron por primera vez el reconocimiento de la titularidad de las tierras para la creación del Ejido Coloradas de la Virgen, el cual obtuvieron hasta 1957.
Desde entonces, la defensa del territorio se convirtió en una característica de la comunidad.
Coloradas de la Virgen cuenta con aproximadamente 850 indígenas rarámuri, población que se ha reducido con el paso de los años por las muertes y desplazamientos originados por los índices de violencia en la región, pues, de acuerdo con el censo realizado por la Alianza Sierra Madre, sólo en 2018, 50 personas se retiraron de Coloradas de la Virgen por temas relacionados con la violencia generada por el crimen organizado.
Una muestra de ello se puede observar en la serie de agresiones y asesinatos previos al crimen contra Julián Carrillo, el cual se puede sintetizar en la siguiente cronología:
Agosto de 2015: Asesinan a Santiago Quiñiones Cruz, cuñado de Julián.
Febrero de 2016: Víctor Carrillo, defensor del territorio, demandante en el proceso agrario e hijo de Julián Carrillo, es asesinado en su casa por dos personas aproximadamente un mes después de la publicación de la sentencia agraria favorable a la comunidad.
Abril de 2016: Asesinan a Eldipio Torres Molina, comisario de la policía comunitaria de Coloradas.
Mayo de 2016: Asesinan a los exgobernadores indígenas de Coloradas Valentín Carrillo Palma y Crescencio Molina.
Julio 2016:
-Asesinan a Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino de Julián.
–Julián reporta incidentes de vigilancia de un grupo armado afuera de su hogar y amenazas contra su familia presuntamente por la persona que tiene una orden de arresto por el asesinato de su hijo Víctor.
Diciembre de 2016: Hombres no identificados prenden fuego a la casa de Julián en el rancho Guamuchilito.
Enero de 2017: Asesinan a Isidro Baldenegro, líder tarahumara que ganó el premio Goldman por sus esfuerzos para proteger los bosques de pino y roble en la Sierra Madre.
Septiembre de 2017: Asesinan a Alberto Quiñones Carrillo, sobrino de Julián.
Diciembre de 2017: Un grupo armado compuesto por siete personas amenazó de muerte al gobernador indígena Cruz Moreno y a Julián Carrillo cuando se encontraban en la casa del gobernador.
Julio de 2018:
-Asesinan a Francisco Chaparro Carrillo, yerno de Julián.
– Una persona de la comunidad le informó a Julián que había rumores que los hombres que asesinaron a su yerno querían hacerle daño. A raíz de ello, Julián se refugia en Sinaloa.
Octubre de 2018: Asesinan a Julián Carrillo.
En su investigación, Amnistía destaca que los habitantes de Coloradas consideran que el territorio un espacio étnico donado originalmente por sus ancestros y que la comunidad tiene “en lo particular un orden para el uso y la explotación del bosque, mismo que desde luego se lleva a cabo protegiendo el desarrollo ecológico y cultural, de acuerdo con los usos y costumbres que rigen (…) la vida”.
Las familias indígenas de Coloradas dependen de la agricultura de subsistencia, ganadería a pequeña escala y recolección de plantas medicinales. Además, en su territorio, se celebran reuniones tradicionales, tales como el nawérasi o makigay nooki (sermón y concejo) emitidas por un gobernador indígena, en la cual se toman decisiones relacionadas con la dinámica organizacional de la comunidad.
Actualmente, en el territorio ancestral rarámuri de Coloradas de la Virgen existe una comunidad agraria de mayoría indígena y un ejido conformado por personas predominante no indígenas, conocidas como “mestizas” en México. Sin embargo, la formación del territorio ancestral precede al establecimiento de dichos sistemas de propiedad colectiva.
En 1992 se llevó a cabo una Asamblea Ejidal con el objetivo de realizar una depuración censal, proceso por el cual se revisó la lista de ejidatarios en la comunidad, iniciando con esto el proceso administrativo 3830/642/91 de la Comisión Agraria Mixta (CAM). Según uno de los líderes de la comunidad de Coloradas de la Virgen, Julián Carrillo, el proceso de depuración estuvo marcado por irregularidades, ya que se decidió eliminar del censo a personas que ya habían fallecido sin el debido reconocimiento de los derechos ejidales sucesorios de sus hijos e hijas.
Al revisar la Resolución de la Comisión Agraria Mixta, Amnistía Internacional pudo observar que 57 ejidatarios originales fueron privados de sus derechos, nueve ejidatarios originales tuvieron sus derechos agrarios confirmados, y que se reconocieron derechos ejidales a 78 nuevos miembros, de los cuales la mayoría son de una familia apellidada Fontes.
De acuerdo con la información proporcionada por miembros de Coloradas y de organizaciones de la sociedad civil en Chihuahua, dicha familia no pertenece a la comunidad indígena rarámuri y posee intereses económicos en la zona. Amnistía Internacional tuvo acceso a un documento oficial por medio del cual la Secretaría de Economía otorgaba cuatro concesiones mineras en la región de Coloradas, una de las cuales fue concedida a tres particulares, dos de ellos miembros de la familia Fontes.
Amnistía Internacional pudo acceder también al expediente de un proceso agrario interpuesto por parte de hijos de tres ejidatarios originales privados de sus derechos por la Resolución de la CAM. Los demandantes solicitaron la nulidad de la resolución de la Comisión Agraria Mixta debido a que ésta no había cumplido con algunos dispositivos de la Ley Nacional de Reforma Agraria de 1992, además de no haber contado con las facultades de resolver conflictos agrarios cuando dictó su resolución.
En ese sentido, el abogado experto en temas agrarios. Ernesto Palencia explicó a Amnistía Internacional que como está mencionado en dicha demanda, “la Comisión Agraria Mixta no tenía competencia para privar de derechos a los ejidatarios, ya que la Ley Agraria de 6 de enero 1992 dispuso que los procesos agrarios no concluidos hasta esta fecha deberían haber sido remitidos a Tribunales Agrarios y ya no decididos por la Comisión Agraria Mixta”.
El 7 de enero de 2009, el Tribunal Unitario Agrario declaró la nulidad parcial de la resolución privativa de derechos de la CAM por la cual los tres ejidatarios tuvieron sus derechos parcialmente reconocidos por el Tribunal Unitario Agrario. Sin embargo, en febrero de 2010, a raíz de un recurso de revisión interpuesto por el Ejido Coloradas, el Tribunal consideró que los demandantes no aportaron las pruebas necesarias para la anulación del juicio privativo de derechos. Al revisar dicha decisión, Amnistía Internacional observó que el Juez no resolvió el alegato de los demandantes sobre la falta de competencia de la Comisión Agraria Mixta para emitir la resolución de privación de derechos en 1992.
Con los juicios que se promovieron, no fue posible que se dejara sin efectos el juicio privativo, así como tampoco restituir los derechos ejidales a los indígenas demandantes. Con lo anterior, el control del ejido, que inicialmente estaba compuesto en su totalidad por indígenas rarámuri, quedó en manos de mestizos.
En el año 2007, los miembros de la Comunidad de Coloradas de Virgen presentaron un nuevo recurso legal ante los tribunales agrarios, debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había otorgado permisos de aprovechamiento forestal en el territorio ejidal. Por lo anterior, 69 indígenas rarámuri presentaron una demanda de nulidad de dichos permisos.
En 2015, luego de 8 años, un tribunal agrario dictó sentencia definitiva, decretando la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal, autorizados al ejido Coloradas. Además, se exigió a la SEMARNAT que no otorgase permisos de aprovechamiento forestal dentro de la posesión de la comunidad indígena sin antes garantizar el ejercicio de su derecho a la consulta y a obtener su consentimiento previo, libre e informado.
La sentencia fue recurrida por el Ejido Coloradas mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario (TSA) quien resolvió el 30 de junio de 2016 y revocó la sentencia del 30 de noviembre de 2015. Contra la resolución del TSA, los miembros de Coloradas de la Virgen presentaron un amparo directo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
En junio de 2018, dicho tribunal decidió el amparo y ordenó la reposición del procedimiento: dicha reposición implica nueva evidencia pericial en topografía, a fin de que se delimite técnicamente el plano de la superficie que corresponde al territorio de la comunidad y la sobreposición de las áreas correspondientes al permiso de aprovechamiento forestal que Semarnat autorizó al ejido Coloradas. Una vez realizado dicho procedimiento, se dictaría una nueva sentencia.
Amnistía Internacional considera que el Estado mexicano ha fallado en garantizar la protección del territorio de Coloradas, a pesar de que distintas personas indígenas rarámuri de la comunidad han recurrido a distintas instancias judiciales desde el año 1992.
Transcurridos 28 años desde el primer recurso interpuesto por la comunidad, el Estado mexicano aún no ha cumplido con su función de garantizar la propiedad efectiva del pueblo rarámuri sobre sus tierras ancestrales al no establecer condiciones que le permita ejercer el control efectivo de su territorio.
Lo anterior, según los testimonios recabados por la organización y entrevistas con organizaciones de la sociedad civil presentes en Chihuahua, ha permitido que terceros vulneren la existencia, el valor, el uso y el goce del territorio por parte de los indígenas.
Algunos miembros de la comunidad expresaron a Amnistía Internacional que, por ejemplo, personas asociadas al crimen organizado habían matado a sus chivas y quemado sus plantíos. Además, el defensor de derechos humanos Julián Carrillo contó a miembros de Amnistía Internacional que ya casi no se podían realizar las fiestas tradicionales de la comunidad debido a distintos ataques en contra de esta, y que ya no se podía encontrar algunas hierbas tradicionalmente utilizadas para la cura de enfermedades.
Este trabajo se público en Raíchali.com
https://raichali.com/2019/01/24/en-chihuahua-el-crimen-organizado-esta-mas-estructurado-que-el-estado-ai/
