12 mil 764 personas fueron asesinadas en Jalisco en los últimos diez años (2008-2018); sin embargo, de las 12 mil 282 averiguaciones previas que el Gobierno de Jalisco abrió para resolver este delito sólo el 15% (1,841 homicidios) derivaron en una sentencia condenatoria; la hipótesis del actual gobierno de Enrique Alfaro de que el 90% de los homicidios son producto del ajuste de cuentas entre integrantes del crimen organizado difícilmente puede sostenerse cuando la impunidad de este delito es del 85%.
Por Darwin Franco / @darwinfranco
Fotografía: Hector Guerrero / @mexhector
A Juan Carlos, de 23 años, le arrebataron la vida en octubre de 2016. Su familia denunció que había desaparecido desde el 29 de septiembre de ese mismo año. Su cuerpo duró cuatro meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense hasta que les fue entregado a sus familiares, el 26 de enero de 2017. La investigación sobre lo ocurrido pasó de la entonces Agencia de Ministerio Público especializada en Desapariciones a la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Jalisco; ahí el expediente ha durado dos años sin que exista en ningún tipo de avance.
Salomé, madre de Juan Carlos, asegura que en el caso: “hay y seguirán existiendo irregularidades, tales como nunca solicitar una sábana de llamadas o no citar al dueño del Uber que conducía a declarar… las mismas omisiones que se dieron cuando estuvo desaparecido se replican en el área de homicidios; todo parece ser lo mismo”.
Juan Carlos, de 23 años, formaba parte de la banda Reverenda (Foto: Cortesía de la Familia).
Las irregularidades existentes en el caso de Juan Carlos, lamentablemente, se replican en la mayor parte de las averiguaciones previas que existen en Jalisco por la comisión de un homicidio doloso. Entre 2008 y 2018, se abrieron por 12 mil 872 carpetas de investigación por este delito; sin embargo, sólo 1,841 homicidios (el 15%) derivaron en una sentencia condenatoria contra aquella o aquellas personas que cometieron el crimen.
En una década, 12 mil 764 personas fueron asesinadas en Jalisco pero sólo dos de cada diez han obtenido justicia; el resto –como pasa con Juan Carlos- siguen esperando que el ministerio público y/o el policía investigador se decidan a realizar las pesquisas necesarias hallar con los presuntos responsables de sus homicidios. La mayor parte de las investigaciones, pese a contar con la prueba de delito, sólo contienen las primeras declaraciones de los familiares, un reporte preliminar del hallazgo y levantamiento del cuerpo y, en contados casos, las primeras indagatorias con testigos o vecinos del sitio donde ocurrió el crimen. Después de esto sólo existen infinidad de oficios de colaboración con otras instancias públicas y solicitudes de información que jamás obtienen respuesta.
De ahí que con los propios datos estadísticos de la Dirección de Política Criminal y Estadística de la Fiscalía General de Jalisco resulte muy complicado asegurar que el 90% de los casos de homicidios son producto del enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado, como en un par de ocasiones ha asegurado el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
“Hay que entender qué tipo de violencia se está dando. Las ejecuciones que se están dando como parte de las disputas del crimen organizado, son un tema que genera un ambiente de violencia, sí claro, pero se están matando entre ellos. Esa es la realidad de la enorme mayoría de las ejecuciones que hay en Jalisco; la enorme mayoría, más de 90%”; fueron las palabras que utilizó el mandatario para explicar los 234 homicidios que se cometieron en el primer mes de su administración (diciembre 2018).
Impunidad Cero, en su Informe “Impunidad en homicidio doloso en México 2018”, precisan que la impunidad promedio –en México- alrededor de la comisión de un homicidio doloso es del 87.5% y esto es regularmente así porque: “más de la mitad de las entidades presentan evidencia de colapso en su sistema de investigación, persecución y justicia penal”, lo cual incide que en que “las instituciones sean ineficientes ante el aumento en el número de homicidios, en tanto que su capacidad de respuesta se ve menguada, provocando un menor número de condenas”, aseguran en su estudio.
En la conferencia que el gobernador de Jalisco, Alfaro Ramírez, ofreció el pasado 12 de enero para mostrar que en su administración existe una baja en las actividades delictivas; nuevamente insistió en su argumento de que los homicidios en Jalisco suceden porque “se están matando entre integrantes del crimen organizado”; dijo tener pruebas para sostener su dicho; sin embargo, los datos de la aún Fiscalía General de Jalisco desmienten sus palabras porque el 85% de los homicidios cometidos en Jalisco están impunes.
Una década marcada por la violencia
En 2008, la entonces Procuraduría General de Justicia reportó la comisión de 462 homicidios dolosos; en 2018, Jalisco alcanzó la mayor cifra de homicidios de la última década al registrar 1,784, esto conforme a datos de la Dirección de Política Criminal y Estadística de la Fiscalía General de Jalisco. En total, en los últimos diez años, le arrebataron la vida a 12 mil 764 personas en Jalisco; el 88% eran hombres y el 12, mujeres.
Las principales víctimas de homicidios dolosos en el estado son jóvenes entre los 18 y 30 años de edad al registrar el 31% de los asesinatos (3 mil 517), seguidos de hombres y mujeres entre los 31 y 40 años con el 22% de los casos (2 mil 547); la estadística, sin embargo, podría ser aún mayor porque ni la Fiscalía General de Jalisco ni el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) han logrado determinar la edad de 2 mil 135 víctimas de homicidio, esto conforme a los datos otorgados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco (LTAIPJ/FG/2328/2018).
Los cuerpos de estos hombres y mujeres hoy yacen en las instalaciones del Servicio Médico Forense o en gavetas dentro de diversos panteones municipales. En sus casos, las investigaciones son ínfimas, ya que no hay nadie que exija identificación y justicia para ellos. Estos cuerpos que, por ley, tienen que ser preservados al considerarse pruebas del delito carecen de la información forense necesaria e, inclusive -como ha denunciado de manera sistemática los familiares de desaparecidos en Jalisco- no hay condiciones plenas para su resguardo, tal y como se evidenció tras el escándalo de los contenedores frigoríficos.
De las 12 mil 282 averiguaciones previas que actualmente deberían ser investigadas por la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Jalisco, sólo 1, 841 homicidios han sido resueltos; lo que significa que esta dependencia aún tiene 10 mil 441 homicidios por resolver.
Una de las tareas que más ha realizado la autoridad para esclarecer estos crímenes es girar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de cometer homicidios; en los últimos diez años, se giraron 5 mil 273 órdenes de aprehensión; sin embargo, sólo se cumplimentaron 3 mil 579 (el 67%); de estas detenciones, únicamente la mitad derivó en una sentencia condenatoria (1,841 casos). El resto de los presuntos responsables debieron ser liberados al no tenerse las pruebas suficientes para determinar su culpabilidad.
Para asegurar que, en efecto, el incremento de los homicidios dolosos en Jalisco está vinculado a las actividades que comenten integrantes del crimen organizado se tendría que dar cabal cumplimiento y desahogo a las averiguaciones previas o carpetas de investigación que se abren para determinar cómo, cuándo, por qué y de qué manera se cometió un homicidio pero también explicar quién era la víctima y quiénes fueron los responsables intelectuales y/o materiales del asesinato; esto último debería de derivar no sólo en los decretos de las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables sino también en su cumplimiento, así como la integración de un expediente pericial que permita a un juez tener todos los elementos probatorios para decretar una sentencia condenatoria. Actualmente, las autoridades de Jalisco tienen 1,694 órdenes de aprehensión sin cumplimentar. La tasa de impunidad en la comisión de homicidios es del 85%.
Jaime Humberto Romero Morán, de 22 años, era integrante de la selección de gimnasia olímpica (Foto: Cortesía de la Familia).
Ni con detenidos, existe la justicia.
Jaime Humberto Romero Morán, de 22 años, y Rael Trejo Santos, de 23, fueron asesinados el 3 de enero de 2015 a las afueras del restaurante bar “El Azabache” donde Jaime Humberto, gimnasta olímpico, celebraba su cumpleaños. En su caso, sin embargo, se detuvo a uno de los presuntos responsables del homicidio; después de tres años de la detención no se ha dictado sentencia condenatoria.
Aida, madre del gimnasta, considera que la autoridad sólo actúo mediáticamente pero sin la clara convicción de no dejar a los involucrados impunes: “La Fiscalía ha actuado de manera muy tibia ante el uso de toda la evidencia que se reunió… nos dejó de informar sobre los avances del caso, tal y como habían prometido; además han permitido que la defensa del homicida usara diversas estrategias para dejar sin castigar con todo el peso de la ley este grave acto”, precisó.
La detención de Luis D., de 19 años, ocurrió el 14 de octubre de 2015; tres años pasaron y para las familias de Jaime y Real y no existen explicaciones claras sobre el por qué no existen una sentencia si ya se tiene a uno de los principales culpables del crimen: “La justicia para Jaime Romero, Rael Trejo y sus familias no ha llegado, ya que no basta tener detenido a quien disparó… la justicia debe ser global pero aún no se dicta sentencia y lo peor es que el sistema permite que esto se repita constantemente… imagínate han dado tanto tiempo que la defensa del homicida ha solicitado su liberación por presunta enfermedad mental”, explicó Aida.
Para ella, la falta de impartición de justicia es una de las principales causas por las que la delincuencia siga creciendo a la par de la impunidad de los delitos que cometen. La lucha porque no se pierda la memoria de lo que le pasó Jaime y Rael ha sido una constante en su vida y no descansará hasta que se castigue a todos los culpables de arrancarle la vida a uno de los principales prospectos que tenía la gimnasia olímpica mexicana.
Juan Carlos, Jaime y Real son apenas un botón de muestra de la impunidad que ronda en la comisión de homicidios dolosos en Jalisco; son dos ejemplos de la nula capacidad investigativa de quienes tendrían que garantizar el acceso a la verdad y la justicia tanto para las víctimas como para sus familiares. Son una prueba de que criminalizar a las víctimas de homicidio sólo contribuye a invisibilizar la falta de procuración de justicia que hace fácil el cometer un homicidio porque en Jalisco, la impunidad eclipsará todo castigo.
