Foto: Mario Marlo/ZonaDocs.mx
Por Jade Ramírez Cuevas V.
Como si se tuviese todo el tiempo del mundo y en Jalisco no tuviéramos tres mil 362 personas declaradas como desaparecidas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pidió la renuncia de todos los funcionarios involucrados en las tareas de investigación y seguimiento de casos en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
A José Raúl Rivera Rivera quien los colectivos de familias buscando a personas desaparecidas, organismos civiles, el Comité de Participación Social y hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se involucraron para elegirlo pues resultó el perfil más cercano a lo idóneo, después de estar al frente siete meses, lo renunciaron.
Entre colectivos y organizaciones civiles existe el consenso de que no fue la mejor decisión, pues a decir de Esperanza, una de las voceras de Por Amor a Ellos “no estuvimos de acuerdo que lo quitaran porque sí estábamos teniendo respuesta de él, encontramos personas con vida, fueron siete casos así”, pero sobre todo, el tiempo es el que está transcurriendo en una de las emergencias más dolorosas para Jalisco.
Hasta el 22 de diciembre, en pleno inicio de periodo vacacional le pareció conveniente al gobierno de Jalisco abrir la convocatoria para recibir los expedientes de aquellos que cumplan con los supuestos básicos como ser abogado, tener conocimientos en derecho internacional, conocer la ley orgánica de la fiscalía, no contar en su haber –a diferencia del actual Fiscal General que sí tiene recomendaciones por violaciones a los derechos humanos- con recomendaciones, conocer la Ley en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, no haber militado en algún partido, y ser mexicano.
Alejandra Cartagena integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), participó en las mesas de seguimiento para la implementación de la Ley de Desaparición y conseguir que la Fiscalía Especializada entregue resultados, pero con esta medida, expresa, no está de acuerdo “Ante la problemática tan grande en el país, el aumento de niñas y mujeres desparecidas, nos parece que no fue correcto en una fiscalía donde hubo procesos; debió haber una medición de cómo estaba funcionando”.
Una vez desmontada la estructura de la Fiscalía Especializada en personas Desaparecidas, van tres semanas sin que se mueva nada y la convocatoria que lanzó el gobierno de Jalisco fracasó, pues llegaron solo 5 perfiles según estaban notificadas algunas organizaciones.
Alejandra Cartagena involucrada también en el Protocolo Alba que está igual acéfalo sin responsables del área, afirma que el perfil de quien llegue a la Fiscalía Especializada debe responder además de los requisitos antes señalados, al principio básico de “trabajar con las familias de la mano, que sea autónomo”, por eso no será tan sencillo, elegirlo.
Inicialmente entre el 14 al 18 de enero de este año una Comisión Técnica revisaría los perfiles, del 24 al 25 de enero se realizarían las entrevistas y selección para finalmente, el 28 de enero dar a conocer quién sería el nuevo titular de la fiscalía que recibirá para ejercer en 2019, 40 millones de pesos, la mitad de lo que los colectivos de familias en busca de sus desaparecidos consideraban necesario, 80 millones.
Foto: Mario Marlo/ZonaDocs.mx
Fragmentar esfuerzos mientras no hay responsable en la materia
Durante dos años y medio las mesas de seguimiento fueron un mecanismo que permitió por primera vez bajo un cierto modelo vinculante y de formalidad, sentar en el mismo espacio y bajo la misma agenda de pendientes, a funcionarios de la Fiscalía General de Jalisco, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y representantes de las familias, familias personalmente involucradas, y organizaciones civiles, para discutir y tomar decisiones de cómo resolver la problemática, de cómo buscar, cómo evitar la crisis forense que evidenció a Jalisco a nivel internacional con los tráilers que trasladaron 444 cadáveres de un punto a otro fuera de protocolos; incluso, ejercer el derecho a tener información las familias y acceso a las carpetas de investigación.
Fundej y después Por Amor a Ellxs, Cladem, Amnistía México con su oficina en Guadalajara –antes de que la cerraran-, y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), permanecieron en ese esfuerzo durante dos años y medio, ejercicio que también contó con el acompañamiento técnico de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en algunos momentos y del Comité de Participación Social.
Al revisar la convocatoria emitida e instrumentada por la Secretaría de Planeación y Participación Social cuya titular, Margarita Sierra será quien reciba los perfiles postulados para nuevo Fiscal Especializado de Personas Desaparecidas, es evidente que la organización CEPAD quedó fuera del proceso y hasta ahora una versión oficial de ello, no existe. En noviembre de 2018 se realizó un panel de revisión a un año de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda; el titular de la Comisión de Búsqueda –que funcionará en 2019 con 50 millones de pesos-, participó en dicho evento de la organización civil.
En ese contexto se suma que de todos los posicionamientos que ha emitido el gobernador desde el 6 de diciembre que tomó protesta en el cargo por seis años, en materia de violencia y las muertes derivadas de esta, lo que existe es una criminalización de los hallazgos cotidianos de personas asesinadas, como explica Alejandra Cartagena: “Nos parece grave que no haya habido un posicionamiento claro sobre cero tolerancia al feminicidio y la desaparición de personas; nos topamos con que tanto el gobernador como el fiscal nos han salido con declaraciones por demás lamentables ´matan a las mujeres porque son del crimen organizado´ eso es gravísimo.
Esperanza, una de las voceras de Por Amor a Ellos, transmite la idea de que a final de cuentas, a quien nombren como Fiscal Especializado, las familias seguirán involucradas y, en estos años de andar buscando y haciendo incidencia, han aprendido que mientras la fiscalía no tenga autonomía es difícil avanzar y ellas “ya aprendimos mucho”.
