Recrudecida crisis de derechos humanos en Jalisco. Es lo que nos dejó el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz como gobernador; fue en el sexenio del «bienestar» cuando el horror llegó a primeras planas, la morgue se vio rebasada y las familias pasaron una y otra vez por la negligencia de las autoridades. Aquí te contamos lo que atravesó una familia con el feminicidio de su hija y otra, con el hallazgo de su hijo muerto después de meses desaparecido.

Por Adrián Carrera

Fue portada en periódicos y nota internacional: en las calles de Jalisco deambuló un tráiler frigorífico lleno de cuerpos humanos. Luego supimos que habían sido dos tráilers porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) estaba rebasado y 444 cuerpos estuvieron almacenados en las cajas refrigerantes de la gran cantidad de 2 mil 949 cuerpos sin identificar en la tercera entidad con más de 3 mil denuncias de personas desaparecidas.

Los tráilers terminaron fundidos con el aval de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mientras que 380 de los 444 cuerpos fueron inhumados. El discurso del gobierno de Jalisco, entonces encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval, fue que la «crisis forense» quedó resuelta.

Sin embargo, antes de que hubiera «crisis forense» había, y sigue habiendo, una profunda crisis de seguridad y derechos humanos en Jalisco.

Durante la gestión de Sandoval Díaz hubo 41 enfrentamientos armados que ocasionaron la muerte de 40 civiles y 26 policías, según informó 44 Lab con datos de la Fiscalía General del Estado.

Marco, Daniel y Salomón, estudiantes de cine, son tres de las 3 mil 757 personas desaparecidas en Jalisco al 31 de octubre de 2018, de las cuales 1 782, el 47%, no han sido localizadas. La cifra fue reportada en la última glosa de seguridad por José Raúl Rivera, ex Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas —cargo que ocupó del 16 de abril al 5 de diciembre de 2018—.

Durante 2017 hubo 1 369 carpetas de investigación por homicidio en el estado, mientras que entre enero y octubre de 2018 suman 1 596: el peor año desde 2001, cuando comenzó el registro. Cada carpeta puede contener más de un homicidio. Son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportados por Mural.

Con 138 fosas clandestinas, Jalisco es séptimo lugar nacional en dicho rubro. En uno de cada tres municipios han sido localizadas fosas, señaló a mediados de octubre Canal 44. La más reciente fue descubierta el 18 de diciembre en Tlajomulco de Zúñiga. Con dicho hallazgo, suman 108 cadáveres encontrados en esta circunstancia en el estado, de acuerdo con El Informador.

En medio de esta crisis violenta, el IJCF y la Fiscalía General del Estado han perdido expedientes de investigación de personas desaparecidas y, en algunos casos, han mantenido a familias en suspenso durante días o incluso meses, a pesar de que el cuerpo de su familiar estaba en las propias instalaciones del IJCF.

«La averiguación y oportuna comunicación a los familiares de la situación en que se encuentran las personas desaparecidas» es la obligación del Estado mexicano establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Jalisco la peculiaridad del personal en el Instituto de Ciencias Forenses y la Fiscalía -ahora acéfala- Especial para Personas Desaparecidas, es actuar con insensibilidad, desapego, y en casos como los que hoy narramos, claro dolo.

La CIDH también señala: «Es necesario establecer con toda certeza si estas personas viven o han muerto; si están vivas, dónde se encuentran, y si han muerto, dónde, cuándo y en qué circunstancias perdieron la vida y dónde fueron inhumados sus restos».

Por cada cuerpo sin identificar hay una historia que no ha sido contada. Aquí nos acercamos a dos, la de Lucero y la de Gabriela, mujeres que no solo han enfrentado la pérdida de su ser querido, sino también la negligencia de las autoridades.

«Es que está perdida entre tantos cuerpos»

Lucero lleva un nombre tatuado en su brazo izquierdo:
«Sandi». Es como le decían a su hermana Sandra, a quien recuerda como alguien alegre, bromista, confianzuda y guapa. Sandra, además, gustaba de los tatuajes. Tenía ocho o nueve. Llevaba a su familia en la piel en forma de letras y tinta.

Han pasado siete meses desde que Sandi fue víctima de feminicidio. Tenía 25 años y cuatro hijos —el mayor, de nueve años—. Vivía con una amiga en Tlajomulco, muy cerca de casa de sus padres, por lo que pasaba mucho tiempo con ellos, días enteros incluso.

Ella solía estar en contacto con su familia. Por eso, ya avanzada la última semana de mayo, a ellas les pareció raro no tener noticias suyas. Su madre leyó un diario de nota roja y tuvo un mal presentimiento. Llamó a Lucero y, juntas, comenzaron a buscarla.

Preguntaron a vecinos, amistades, familia. Averiguaron que Sandi fue vista por última vez el 28 de mayo. El sábado dos de junio fueron a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y levantaron una denuncia por su desaparición, misma que activó el protocolo Alba.

Allí, fueron atendidas por el asistente de un agente del Ministerio Público (MP), quien primero les dijo que no tenían registro de personas con las características de Sandi, pero luego que siempre sí. Les mostraron fotografías de los tatuajes de un cuerpo femenino. Sí, eran los de Sandi, era Sandi. Las enviaron a levantar una denuncia por homicidio para luego recoger el cuerpo, que seguían sin ver más que en fotos. Les dijeron que se encontraba en estado de descomposición, por lo que prefirieron no mirarlo.

Habían identificado los tatuajes de Sandi, pero un agente las cuestionó «¿están seguras de que es su familiar?». Ellas estaban seguras, mostraron un retrato. El empleado respondió «es que no es ella, no se parece nada al cuerpo que nosotros tenemos». Dudaron. Accedieron a la prueba de ADN.

Luego de horas y horas haciendo trámites, de esperar, de dar la misma declaración a distintos agentes, salieron a las dos de la mañana, ya del domingo 3 de junio de 2018.

Horas más tarde fueron a las instalaciones del IJCF para que les tomaran la muestra de ADN. Les dijeron que los domingos no había, que volvieran el lunes. «Uno con el dolor, la pena y con todo, dices “a lo mejor no es ella”. La esperanza de que no sea ella. Nos empezamos a frustrar porque era el sábado, el domingo… nosotras lo que queríamos era ya recuperarla», recuerda Lucero.

Siempre estuvo ahí

El lunes 4 de mayo volvieron a la Fiscalía y descubrieron que los agentes de MP no habían pasado la carpeta de investigación, que estaba perdida. Tuvieron que esperar casi cuatro horas para que la localizaran. Luego, fueron de nuevo al IJCF, donde esperaron tres horas más para ser atendidas.

Lucero tuvo que irse para cuidar a sus hermanos. Se quedó su madre a quien, finalmente, esa noche le dieron el acta de defunción, donde quedó asentado que Sandra fue víctima de feminicidio. Leyéndola se enteró que su cuerpo estaba allí desde el 30 de mayo, día señalado como fecha de fallecimiento: el cuerpo se descompuso dentro de las instalaciones del IJCF, donde deberían preservarlo.

Ya con el acta, aguardó a que le entregaran a Sandi. La revictimización de la familia, no cesó.

—Es que mire, señora, la tenemos en un contenedor, entre más de 500 cuerpos y la estamos buscando. Es que no la etiquetaron, no hay un registro, no hay un archivo, pero ya la están buscando —le dijo una trabajadora social.

—Lo único que quiero es que me entreguen a mi hija y me digan dónde está —respondió la mamá de Sandi.

—Es que está perdida entre tantos cuerpos.

La madre de Sandra pasó ahí toda la noche, esperando. Ya el martes cinco de junio, por la mañana, Lucero llegó de nuevo y, molesta, le reclamó al personal de Ciencias Forenses: «¿Cómo me estás entregando un certificado de defunción si no tienes un cuerpo?, ¿cómo me estás diciendo las causas de muerte si no tienes el cuerpo y no lo encuentras?».

Lo que más le apasionaba a Sandi eran los tatuajes. Esas anécdotas y significados de color que en vida arroparon su piel, se convirtieron en una posibilidad de confirmar que había sido asesinada y terminar con el dolor de su familia.

Cerca del mediodía, pudieron identificar a Sandi, ahora sí, directamente, por uno de los tatuajes del brazo. Luego de eso les fue entregada. Hasta la fecha no hay detenidos por el feminicidio.  

Al 21 de diciembre de 2018, la representación en México de CLADEM el conteo de feminicidios en Jalisco asciende a 164.

«La vida nunca va a ser igual»

Gabriela estaba recuperándose de una operación cuando supo que su hermano Javier estaba desaparecido, se lo dijo su madre. Su papá, en la misma habitación, estaba ido, en silencio.

Desde que Gabriela conoció a Javier, éste tenía una cicatriz en la espalda. Se la hicieron de bebé, al operarlo para sacarle un pulmón. Él era la adoración de su padre. Siempre que podían pasaban tiempo juntos: aún a sus 36 años, Javier y su papá se comunicaban constantemente y jugaban frontenis los fines de semana.

El primero de febrero todo cambió.

Javier, tras la separación pareja, regresó a vivir a casa de su mamá y papá en Guadalajara; conducía un Uber. La noche del 1 de febrero salió con una amiga en su auto. Al día siguiente comenzaron a buscarlo, no había vuelto.

Sus padres comenzaron a preocuparse pues no había noticias de Javier y tampoco entraban mensajes ni llamadas a su teléfono. Preguntaron con amigos y ninguno supo adónde o con quién había ido. El 5 de febrero de 2018 fueron a la Fiscalía para reportar la desaparición de Javier y de su carro. No había coincidencias o registros. A partir de ese día, fueron a cada toma de muestra de ADN que se enteraban y acudían casi a diario a la Fiscalía para preguntar por Javier.

Al cabo de un par de semanas le avisaron a Gabriela sobre la desaparición de su hermano. No le dijeron antes porque querían darle oportunidad de que se recuperara de su operación, que estaba planeada y era algo sencillo.

A pesar de que hicieron una denuncia, los padres de Javier prefirieron no publicar su ficha de búsqueda en internet porque en la Fiscalía les advirtieron que en esos casos solían extorsionar a las familias.

Otra razón fue el evitar el juicio de los demás. «Siempre es la primera opción: “ah, seguro andaba en algo malo”. Siempre culpar a la víctima. Y él no andaba en nada. Entonces mi mamá decidió que no publicáramos nada por ningún lado porque no se quería exponer a que le estuvieran diciendo eso porque su dolor ya era demasiado», explica Gabriela.

Eric García López investigador forense, presentó su libro Psicopatología de la violencia. Repercusiones forenses, en la Feria Internacional del Libro. Hizo referencia a que además de estarse habituando la sociedad a la violencia, “estamos lastimando con el prejuicio: no todas las personas que han sufrido un hecho victimizante estaban vinculadas al crimen y, aún si así fuera, eso no implica que debamos banalizar el daño que se está causando”, apuntó.

Para ver la entrevista completa: https://twitter.com/ZonaDocs/status/1067217003637698561

Su papá contrató a una persona para que investigara las redes sociales y el teléfono de Javier; también fue a Telcel y solicitó un informe del número. Así supo que el celular fue apagado a la una de la mañana del dos de febrero y que antes de eso Javier había marcado un número, mismo que le devolvió la llamada en varias ocasiones, pero cuyos intentos ya no fueron respondidos. La familia, como es común en las familias mexicanas que buscan a un ser desaparecido, aventajaba a la Fiscalía de Jalisco en la investigación para entender qué había pasado.

Cuando el señor les compartió esa información, personal de la Fiscalía lo regañó por meterse en la investigación, ya que podía «entorpecerla». Le dijeron que ellos los buscarían cuando tuvieran novedades, que tampoco tenía que ir a preguntar. Pero pasaban los meses y no había noticias de Javier.

Los padres de Gabriela habían gozado de buena salud toda su vida, pero en los meses posteriores a la desaparición, su salud mermó. Su mamá estuvo un par de meses entrando y saliendo del hospital, y su papá se lesionó de la columna.

«Ahora la casa de mis papás está llena de fotos de Javier, de flores por todos lados. Rezan todas las noches, esa es su terapia hasta este momento. Mi mamá dice que no hay un día que no llore. Mi papá igual. Yo sé que para ellos la vida nunca va a ser igual» cuenta Gabriela, la hermana quien confiesa que solo la terapia la ayudó a salir de la profunda tristeza.

Así transcurrieron los meses hasta que, el viernes 19 de octubre de 2018, después de ver trailers con cuerpos apilados pasearse por la ciudad, mediante una visita al domicilio particular, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses avisó a la mamá de Gabriela que encontraron una coincidencia de ADN. Les dieron cita para el lunes. Pero llegó el lunes y les movieron la cita al jueves por la mañana, y el jueves les dijeron que de nuevo se movería la cita, pero la señora ya no aguantó y fue. Exigió que la atendieran.

«Tenía una cita y me la cancelaron, ya no puedo más. Necesito saber si mi hijo está aquí», advirtió. A mediodía, tras esperar toda la mañana y verificar coincidencia genética, le confirmaron que sí tenían el cuerpo de su hijo y le dieron el acta de defunción.

Allí, en el acta, decía que Javier fue asesinado a las tres de la mañana del dos de febrero, que encontraron su cuerpo el tres de febrero en la cajuela de su propio carro. Todo ese tiempo, el cuerpo de Javier estuvo en las instalaciones del IJCF, lo estuvo incluso antes de que sus padres lo reportaran como desaparecido. La Fiscalía tardó nueve meses en encontrarlo ahí mismo. Y lo hizo en octubre, semanas después de que iniciara la llamada «crisis forense».

Fue el mismo jueves 25 de octubre, pero hasta las once de la noche, cuando les entregaron el cuerpo de Javier. La última confirmación de que era él fue una fotografía de su cicatriz, la que tenía desde pequeño. Esa misma noche fue velado. Lo sepultaron el viernes.Al lunes siguiente, elementos de la Fiscalía fueron a casa de los padres de Javier y preguntaron por él. Les abrió su mamá, quien los invitó a pasar y les reprochó: «¿cómo que lo buscan? Lo acabo de enterrar el viernes». Se disculparon, le explicaron que tenían muchos casos y que estaban visitando los domicilios para preguntar si las familias sabían algo. Era una de las visitas que José Raúl Rivera, ex Fiscal Especial para Personas Desaparecidas, presumió en la última glosa legislativa que rindieron los funcionarios bajo el mando del gobernador priísta Sandoval Díaz.

Las primeras noches posteriores a la entrega del cuerpo, Gabriela despertaba gritando. Ya no le pasa. Considera que encontrar a su hermano le ha dado descanso: «es por lo menos ya darle fin a algo y empezar algo nuevo: el duelo. A veces no puedo, pero está bien; a veces estoy muy triste, pero está bien. Intento hacer lo que tengo que hacer».