La Reforma Judicial propuesta por el Poder Ejecutivo, plantea que la elección de los puestos que se ocupan en el Sistema Judicial sean elegidos democráticamente, a través de la votación popular, centrando la discusión en la corrupción e impunidad de esta institución.
Sin embargo, la organización feminista EQUIS. Justicia para las Mujeres, mediante su informe “Reforma Judicial Feminista” evidencia la falta de enfoque en derechos humanos y perspectiva de género que carece el llamado “Plan C”. Por lo que, la organización, propone cambios en la reforma como una oportunidad para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, ya que esta institución tiene una deuda histórica con este sector de la población al replicar violencias sistemáticas, de género, raciales, entre otras.
Por Karen García / @karen_gdlt
EQUIS Justicia para las Mujeres publicó el informe “Reforma Judicial Feminista”, mediante el cual, explican cómo la reforma al Poder Judicial necesita tener un enfoque feminista, con perspectiva de derechos humanos y que garantice el acceso a la justicia para las mujeres y poblaciones sistemáticamente discriminadas, como lo es la comunidad LGBTIQ+ y las personas indígenas.
Por medio de este informe, mostraron propuestas y modificaciones hacia la reforma del llamado “Plan C”, propuesto por el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sabemos que en México no hay un acceso real a la justicia, y mucho menos para las mujeres y los grupos poblacionales históricamente discriminados”, expresó Fátima Gamboa, directora general de EQUIS, mediante el documento.
EQUIS Justicia para las Mujeres es una organización feminista que trabaja por el acceso a las justicias de la diversidad de mujeres, “transformando estructuras de poder que generan opresión y exclusión”. Con esta postura, trabajan con un enfoque interseccional, analizando los contextos particulares desde los que las mujeres buscan justicia, a la vez, que promueven un feminismo crítico, basado en la prevención de las violencias.
EQUIS se posicionó frente a la nueva Reforma Judicial, planteando la “reconceptualización” la justicia, con un modelo basado en la “justicia abierta” para garantizar el acceso para todas.
En entrevista para ZonaDocs, Maïssa Hubert, subdirectora ejecutiva de EQUIS, expresó su preocupación, pues “se pretende hacer una transformación drástica” e identifican que las propuestas no están centradas en mejorar el acceso a la justicia desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. En su opinión, les parece “una oportunidad pérdida” para transformar las realidades de las personas.
Es por esto que, proponen el “Plan A”, en el que buscan centrar la discusión pública en transformar el acceso a la justicia de las personas desde estas perspectivas.
La subdirectora de EQUIS, también declaró que el modelo de “Justicia Abierta Feminista”, presente en su propuesta, busca transformar la práctica judicial, además de proponer perspectivas para la construcción de nuevas políticas públicas judiciales, promoviendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
“Decimos que busca transformar la cosmovisión judicial, porque lo que vemos es que no se trata solamente una transformación profunda del sistema de justicia, no solo pasa por mejores políticas públicas. Pasa por una transformación completa del cómo. como ciudadanía vemos la institución y como la institución se ve a sí misma”, comentó Maïssa, pues este modelo “repiensa” cuáles son las necesidades de justicia y cómo se puede transformar el Poder Judicial para que el acceso a la justicia sea igual para todas.
Esta propuesta es relevante, debido a que, desde el sistema judicial se reproducen injusticias y violaciones hacia los derechos humanos, sobre todo hacia las mujeres. Ya que, según la Encuesta Nacional de Opinión en Vivienda 2022, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 70.5% de las mujeres en México consideran que el acceso a la justicia es uno de los menos respetados, además, esta población señaló que sus derechos a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y el derecho a la no discriminación, son los menos respetados en México.
Aunado a ello, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2021, reveló que 7 de cada 10 mujeres han experimentado situaciones de violencia. Sin embargo, en la mayoría de casos no han denunciado, debido a la desconfianza existente hacia las instituciones. En estos casos, el Poder Judicial no es una de las instituciones a las que acuden, así lo revela el informe de Auditoria Ciudadana Feminista “No es justicia” de EQUIS, pues cuando las mujeres acceden a los tribunales, enfrentan un sistema judicial que “valida, justifica y reproduce la discriminación y violencia que ellas viven”.
Esto sólo evidencia una deuda histórica hacia las mujeres y así lo afirma Maïssa Hubert, quien aseguró que el sistema actual de justicia sigue fallando a las mujeres.
“Lo que nosotras hemos visto en muchos espacios y en muchas sentencias es que, es un sistema que no protege a las mujeres, que no previene la discriminación y que no repara el daño”, comentó Maïssa y reconoció que este sistema sigue replicando violencias y discriminación de género y racial.
Además, para las comunidades indígenas o que hablan una lengua originaria, el acceso a la justicia es lejana. Esta población tiene que recorrer grandes distancias para acceder a servicios y derechos. Instituciones como el Poder Judicial, que tiene como obligación garantizar su acceso a la justicia, mantiene una “deuda histórica” sólo para llegar a estos lugares geográficamente “alejados”.
Otra cuestión a destacar sobre el informe de EQUIS, es que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, las mujeres, comunidad LGBTIQ+ e indígenas son las más propensas a ser víctimas de discriminación, pues sistemáticamente se les niegan sus derechos y el acceso a la justicia.
“No aparece el tema de igualdad, no aparece el tema de discriminaciones, no aparece. Entonces, creo que necesitamos enfocar la discusión legislativa en estas problemáticas que están viviendo las personas en el día a día y hacer que les sea más fácil acceder a la justicia”, explicó Maïssa y cuestionó que la discusión sólo está centrada en la corrupción e impunidad, cuando la discusión también debe de ir sobre el acceso a la justicia de las personas.
Mediante la Reforma Judicial del Poder Ejecutivo, se plantea que lxs jueces, ministrxs y magistradxs sean elegidos democráticamente por la ciudadanía. Sin embargo, la participación ciudadana puede verse afectada, ya que existe un rechazo hacia el Poder Judicial. Así lo prueba la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe, 2023), puntualmente los jueces y juezas son la segunda autoridad percibida como “más corrupta”, con un 67.6% de la percepción de las mujeres y el 64.5% de los hombres.
En ese sentido, sólo 2 de 32 poderes judiciales cuentan con mecanismos de participación ciudadana, según el informe “(In)Justicia Abierta” de EQUIS.
Además del rechazo hacia la institución, existe un sesgo en la información que tiene la población sobre ésta. A través de un sondeo representativo en 2015, 76% de las personas entrevistadas no sabían qué era el Poder Judicial y qué papel ejerce esta.
“Creo que cuando hablamos de sesgo de información o de desinformación de parte de la ciudadanía, y eso hay que reconocerlo, sino no vamos a poder avanzar. Es responsabilidad del Estado y es responsabilidad de los Poderes Judiciales”, expresó la subdirectora de EQUIS, señalando que esto se debe a la lejanía que tiene esta instancia con la ciudadanía, pues nunca han visto la necesidad de explicar cuál es su labor.
La organización feminista expresa que, también es importante que la elección de las candidaturas tengan un perfil desarrollado en derechos humanos y perspectiva de género. Sin embargo, existe preocupación por lo planteado en la reforma.
“Ahorita lo que se está planteando en la reforma es que, lo único que necesitas es una licenciatura con ocho de promedio. Eso es bastante poco.”, comentó la subdirectora, evidenciando la crítica que ha tenido la Suprema Corte sobre los “vagos” criterios para la selección. Por lo que, destaca que ellas, como organización, exigen que se designen personas con un mínimo de experiencia en el derecho, para que puedan inspeccionar su trabajo y evaluar la manera en que se garantizan los derechos de las personas.
“Es urgente, a la luz de la diversidad humana, revisitar los procesos para hacerlos sencillos, ágiles y comprensibles para todas las personas, y que incluyan las transformaciones interculturales que garanticen el acceso a la justicia indígena y estatal de las personas, comunidades y pueblos originarios.”, comentó Maïssa, subdirectora de EQUIS, sólo de esta forma podrá garantizarse el acceso a la justicia para todas.
Maïssa concluye afirmando que queda “muchísimo trabajo de pedagogía institucional y jurídica”, para que las personas puedan votar informadas y que el Poder Judicial se comprometa con las personas y el acceso de justicia.
Puedes consultar el informe de EQUIS. Justicia para las mujeres, “Reforma Judicial Feminista”, en su página de internet.
