Durante la Evaluación del Exámen Periodico Universal (EPU) a México 2024, el #ColectivoEPUmx se reunió para revisar aquellas recomendaciones que el Estado mexicano decidió no aceptar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se trata de temas centrales que deben ser atendidos en el país, desde la crisis de derechos humanos, la violencia de género contra las mujeres, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, personas desaparecidas, personas en situación de movilidad, hasta las fuerzas armadas y el espionaje.
Por Karen García / @karen_gdlt
Fotografías CIMAC
En el conversatorio “México ante el Examen Periodico Universal: balance de la 4a evaluación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, diversas organizaciones civiles, integrantes del #ColectivoEPUmx: Código DH, PODER Latam, Centro de derechos (CDH) Vitoria, CDH Zeferino Ladrillero, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), CDH Minerva Bello, el Instituto Juntos Con las Niñas y Niños (JUCONI) y el CDH Miguel Agustín Pro Juárez, reflexionaron juntas sobre el Examen Periódico Universal (EPU) a México. Y es que, por cuarta ocasión, el Estado Mecicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El objetivo de este espacio buscó analizar aquellas recomendaciones que fueron aceptadas por el Estado, pero también de aquellas que decidió no aceptar, las cuales corresponden a temas urgentes en materia de derechos humanos.
En el EPU se pone a revisión periódica (actualmente de 4 años y medio) el historial de recomendaciones de derechos humanos a los Estados parte, para que declaren las medidas que han adoptado para mejorar la situación de derechos humanos de sus naciones. Es así como México fue examinado este año.
En este ciclo, México compareció ante el Consejo de Derechos Humanos, tras recibir 318 recomendaciones, de las cuales, aceptó 304 y tomó nota de 14. El “tomar nota” significa que “no acepta oficialmente que va a llevar a cabo acciones para el cumplimiento de estas”, explicaron desde el #ColectivoEPUmx.
Lo relevante en este ciclo es que México recibió un mayor número de recomendaciones que el ciclo pasado, ya que, en 2018 tuvo un total de 262 recomendaciones. En aquel momento aceptó 260 y tomó nota de 2. Esta situación resulta preocupante para las organizaciones participantes en el diálogo, pues refleja una crisis de derechos humanos en el país.
Las temáticas con más recomendaciones en este ciclo fueron: la violencia contra la mujeres, contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, personas desaparecidas y movilidad humana. Sin embargo, México tomó nota de varias de éstas, agregando la prisión preventiva y arraigo, seguridad y crimen organizado, personas en situación de movilidad, el uso de la fuerza con lo referente a la Ley Nacional, fuerzas armadas, espionaje, entre otras. Asuntos que son de relevancia nacional e internacional, pues abordan asuntos de paz y seguridad.
Mariana Bermudez del Centro de Derechos Humanos Vitoria, mencionó que en este nuevo examen se reconoció la importancia de “nuevas temáticas” que no habían sido reconocidas con anterioridad, como: la prisión preventiva, la desaparición forzada, las personas con discapacidad, niñez y adolescencias, violencia de género contra las mujeres y personas de la comunidad LGBT+, así como la situación de las personas en movilidad humana.
“Nos preocupa como colectivo EPU que estas recomendaciones siguen en incremento, pero además, que no se atiendan todavía las pendientes desde el ciclo anterior y que por otro lado se sigan incrementando estas recomendaciones”, expresó Mariana Bermudez, quien afirmó, además, que el aumento de éstas no es un signo positivo para los derechos humanos del país.
“Consideramos que la emisión de las recomendaciones son un reflejo también de la recomendación internacional sobre la protección de la dignidad humana en México y que su aceptación es no solamente sinónimo, sino síntoma de la constatación de las crisis agravada de derechos humanos en el país”, expresó Mariana. Como organizaciones, señalaron que esperan que la transición de gobierno sea un área de oportunidad en la mejora de estas condiciones.
Hugo Arreola del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero habló sobre las recomendaciones en torno al uso de la fuerza y la militarización; sobre este tema el Estado Mexicano aceptó 8 recomendaciones, aunque tomó nota de cinco. Esto refleja que el Gobierno acepta que México está pasando por una situación crítica en esta área, sin embargo, afirmó que demuestra que no lo toman como un tema central.
“Es importante resaltar que en la narrativa, el Estado invisibiliza la militarización, utilizándolo como un subtema del uso de la fuerza y argumentando que es un tema que se encuentra bajo discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, manifestó Hugo Arreola. Al respecto, señaló que las contradicciones de la ley nacional que regula la conducta de servidores públicos y del ejército, contrastan con artículos 27, 28 y 31, los cuales hablan sobre el poder que tienen las fuerzas armadas para actuar en contra de manifestantes, sobre todo, con el uso de la fuerza.
Una de las recomendaciones que discutió el #ColectivoEPUmx, fue la emitida por Costa Rica, la cual aborda los casos de vigilancia suscitados a la población civil mediante medios digitales por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, el Estado expresó que “en México no se espía ni se vigila a nadie que no sea con fines al combate del crimen organizado”, declaración que se refuta con las documentaciones de las organizaciones civiles sobre proyectos como el malware Pegasus, en donde se registraron alrededor de 25 casos de espionajes contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, un malware pagado con recursos públicos por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Entre más función se le da a las fuerzas armadas, más funciones están exceptuadas del régimen de derechos humanos, justicia, transparencia, rendición de cuentas y democracia”, expresó Hugo Arreola y mencionó que es preocupante que la presidenta electa Claudia Sheinbaum haya anunciado respaldar la reforma constitucional a la Guardia Nacional, la cual pasaría a manos de la SEDENA.
Otra de las recomendaciones que se analizaron en el conversatorio fue el tema de la migración y la movilidad humana, ya que en este cuarto ciclo se emitieron 29 recomendaciones en materia de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, entre otras temáticas. Muchas de éstas desde una visión de atención diferencial a mujeres, niñez y adolescencia migrante, pueblos indígenas y afrodescendientes en situación de migración, así como acciones para atender la violencia xenofóbica.
“En México, la verdad, es que tenemos una deficiencia en la gestión de los casos de apatridia, ni siquiera tenemos una estadística oficial que dé cuenta de la magnitud de la situación,” expresó Dinora Arceta del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y aseguró que es un tema indispensable a nivel internacional, por lo tanto, el Estado debe rectificar su postura al respecto, así como tomar en cuenta la recomendación que hizo Panamá sobre éste.
Asimismo, Dinora expusó que México también tomó nota sobre la recomendación emitida por Nueva Zelanda, la cual habla sobre un retiro gradual de las fuerzas armadas en la gestión migratoria, situación que refleja una negativa en la desmilitarización de la política migratoria.
“Nosotras hemos documentado una serie de violaciones a los derechos humanos a manos de la Guardia Nacional que van desde abuso físico, verbal, encapsulamiento, separación de familias e incluso casos de ejecución extrajudicial contra las personas migrantes a manos de la Guardia Nacional, por lo cual, instamos al Estado a rectificar su postura y tomar en cuenta lo que recomienda Nueva Zelanda”, se pronunció Dinora.
Norma Garduño del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y víctima de desplazamiento forzado, expresó su descontento a las negativas del Estado en las recomendaciones que aluden a la aprobación y aplicación de la ley en materia de desplazamiento forzado interno, así como, de una estrategia de prevención eficaz, pues “invisibiliza el problema y perpetúa a la población desplazada a la falta de protección y asistencia oportuna”.
“Los impactos devastadores del desplazamiento forzado interno que la mayoría de las personas vivimos son inevitables. La pérdida de medios de subsistencia, la vivienda, el vestido, la alimentación, la salud, la educación y por supuesto, la ausencia de planes de reinserción laboral”, ejemplificó Norma Garduño e instó a que el Estado acepté y cumpla las recomendaciones emitidas por el EPU en el Informe de la Relatora de Desplazamiento Interno de la ONU.
“Es importante recordar en su participación el gobierno mexicano dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se comprometía a dar seguimiento y cabal atención a las recomendaciones planteadas, en sinergia con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados”, sin embargo demuestra que en esta ocasión sólo toman nota y no acciones.
El conversatorio también fue un espacio para hablar sobre los retos y oportunidades que tendrá el Estado después del escrutinio en el EPU.
Por su parte, Diohema Anlleu del Instituto Juntos Con las Niñas y Niños (JUCONI), argumentó que trabajar con las recomendaciones llevaría al fortalecimiento institucional, a través de la capacitación del funcionariado, además del desarrollo de un mecanismo de supervisión efectiva, donde se brinde un sistema judicial robusto y una policía “bien entrenada” y respetuosa con los derechos humanos. También, expresó que esto puede ser posible si se da una colaboración entre sociedad civil, organizaciones civiles y el Estado.
Cumplir con las recomendaciones abre la posibilidad de la armonización legislativas, punto de partida para la inclusión de estándares internacionales de los derechos humanos en la política interna, la cooperación internacional, el acceso a recursos y experiencias que posibiliten atender las problemáticas de derechos humanos señaladas, al igual que la adopción a las recomendaciones de derechos laborales y condiciones de trabajo dignas. Esto impactará positivamente el desarrollo económico y la productividad de las fuerzas laborales, al mismo tiempo que la población goce de bienestar.
“Tantas recomendaciones no habla de un Estado de derecho y habla de una crisis de derecho que tenemos que reconocer”, concluyó Diohema.
Mientras que, Eduardo Guerrero, abogado del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin PRO Jaurez, expresó su preocupación ante la respuesta contrastante que ofreció el Estado mexicano al aceptar las recomendaciones, pero a la vez negar temas tan importantes como la militarización y el espionaje.
“Al aceptar estás recomendaciones, el Estado está reconociendo que hay retos, que hay desafíos para atender los derechos de las personas LGBT, de las mujeres, de las personas indígenas, de las personas afromexicanas, de la personas en privación de la libertad, de personas migrantes. Pero también que existen retos, desafíos en atender la violencia en contra de las mujeres, atender la situación de tortura y atender la crisis en materia de desapariciones”, manifestó Eduardo Guerrero.
Finalmente, las organizaciones civiles e integrantes del #ColectivoEPUmx exhortaron al Estado a reflexionar sobre su respuesta a las recomendaciones para comenzar a actuar, proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
