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Detenciones, hostigamiento, desaparición, criminalización, desalojos y un sistema que no los toma en cuenta ¿Qué hay en la tormenta a la que se enfrentan los Pueblos Originarios del país? El Congreso Nacional Indígena responde
Texto: Camilo Ocampo
Foto: Tomada de video
CIUDAD DE MÉXICO. – La tormenta, la guerra contra los pueblos originarios es eso, el despojo, es el desprecio, es la explotación (…). Para mi el capital y ésta tormenta, así camina, no importando el color, no importando el gobierno, estamos sufriendo ésta tormenta anunciada por nuestros hermanos zapatistas, pertenecientes al Congreso Nacional Indigena, nuestros hermanos mayores” menciona un portavoz de la comunidad Cholulteca.
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Espacio de Coordinación Nacional: Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas convocó a representantes de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, la Comunidad Otomí residente de la casa de los pueblos Samir Flores y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas) a una conferencia de prensa en donde denunciaron la persecución y represión desde la actual administración en contra de las comunidades originarias.
Los testimonios
Al comienzo de la conferencia, una integrante de la comunidad Cholulteca recuerda que, desde hace ya bastante tiempo, han llevado a cabo una lucha en contra de los megaproyectos y de las empresas que buscan destruir la tierra y despojar el agua de su comunidad.
Particularmente refiere que desde 2019, en la región poblana, han estado luchando en contra la instalación de un colector de aguas tóxicas, provenientes de Ciudad Textil en Huejotzingo que pretende derramar en el río Metlapanapa.
Derivado de los embates y represalias por parte del estado y empresarios hacía quienes defienden el río, fueron encarcelados dos miembros de Pueblos Unidos, Alejandro Torres Chocolatl y Miguel López Vega. Quienes gracias a la presión de la Organización Solidaridad Unión de los Pueblos, fueron excarcelados y les fueron retirados los cargos.
Además, también mencionó cuando en el 2021, la comunidad decidió cerrar por su cuenta las puertas de la empresa Bonafont Danone, que por más de 30 años estuvo saqueando el agua y secó los mantos acuíferos. Sin embargo, afirman que la lucha aún no termina, puesto que la empresa aún tiene la posesión de ese lugar.
Durante casi un año, el lugar donde se encontraba Bonafont Danone fue rebautizado como la casa de los Pueblos-Altepelmecalli. Sin embargo, la Guardia Nacional y la policía los desalojaron.
Por su parte, Miguel Lopez Vega, del pueblo de Zacatepec, también perteneciente a Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes, comentó que actualmente se enfrentan a un “basurero de muerte” de más de 600 mil toneladas de basura que contaminan las zonas agrícolas y el agua del subsuelo.
Miguel también aprovechó para denunciar el asesinato de dos pobladores de Totalco, Veracruz, a manos de policías del estado mientras protestaban por la extracción del agua por parte de la empresa Granjas Carroll. Informó que en la comunidad Nahua de Totalco, se estableció una Comisión de Pueblos Unidos para exigir justicia para la comunidad y para las personas asesinadas.
El despojo en la Ciudad de México
Durante la conferencia, una representante de la Comunidad Otomí residente de la casa de los pueblos Samir Flores, denunció que durante más de 30 años han luchado por una vivienda digna, ante lo cual, la única respuesta por parte del gobierno ha sido la represión, hostigamiento e intentos de desalojo.
“Hoy estamos viendo que en lugar de que nos den una respuesta a partir de que se convierte en la Casa de los Pueblos (el 12 de octubre de 2020) tuvieron suficiente tiempo en esta administración, llevamos 3 años 8 meses viviendo en la Casa de los Pueblos y no han querido resolver nuestras demandas que son demandas justas que están en la constitución mexicana”.
En ese contexto, denunció el asedio por parte del estado en contra de quienes habitan en lo que algún día fue el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con carpetas de investigación en contra de integrantes del pueblo Otomí y el constante acoso de agentes de investigación, bajo el argumento de una búsqueda de 2 infantes que desaparecieron en 2019.
Y finaliza: “Hoy estamos viendo y denunciando públicamente que el gobierno quiere hacer un desalojo violento a la Casa de los Pueblos. Nos han dicho que el 15 de agosto tenemos que desalojar. ¿Cómo lo van hacer si no nos han resuelto?”.
Michoacán bajo asedio
En la conferencia, el Concejal Purépecha del CNI denunció los ataques contra las comunidades en Michoacán. Estos ataques derivan en asesinatos y encarcelamientos, como el caso de María Cruz Paz Zamora, detenida desde el 5 de junio.
Del mismo modo, denunció el asesinato en 2020 del Secretario de Bienes Comunales, Prudencio Ortiz Alonso, por un comando armado. En ese ataque hirieron al representante de Bienes Comunales, y en abril del 2022 trataron de desaparecer al Coordinador del Consejo Comunal, Esteban Cruz, pero gracias a la comunidad se logró rescatarlo.
El 11 de noviembre del mismo año, un comando armado atacó la comunidad. El 10 de diciembre asesinaron a Pedro Pascual Cruz, miembro de la Ronda Comunal.
Aseguró que “al golpear los intereses políticos y los intereses económicos de las empresas, trasnacionales, agroindustriales y del crimen organizado, vienen las agresiones más fuertes y sobre todo a compañeras que tienen un trabajo importante en regiones donde viene una recuperación muy grande del bosque”.
Chiapas, territorio en disputa
Por su parte, Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las casa en Chiapas, mencionó que “En Chiapas, desde el año 2016 se implementó el sistema penal acusatorio, en todo este periodo hemos documentado un patrón de fabricación de culpables, en donde con montajes, y tortura, inventan delitos a personas jóvenes, indígenas, personas defensoras, buscando aparentar gobernabilidad y buen funcionamiento de las instancias de procuración e impartición de justicia”
Dijo, además, que la fabricación de culpables es un patrón de inculpación y detención arbitraria de personas inocentes. Esto, explicó, puede presentarse de manera aislada, pero también como forma de represión criminalizando a personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo exigió la libertad de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, indígena Cho´l y campesino, de 45 años, rehén del Gobierno del estado de Chiapas, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados CERSS Número 17 «El Bambú», en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.
Aparte de José Díaz Gómez, denunció que en ese contexto de detención arbitraria “están nuestros compañeros defensores de los territorios, como los compañeros de San Juan Cancuc, presos en el CERSS Número 5 en San Cristóbal de Las Casas».
“Así también, hay otros presos y presas que sufren este modo de inhumanidad que refleja mecanismos de tortura y exterminio, entre ellos está el joven universitario Jonny Ronay preso injustamente en la CERSS número 15 en Copainalá”.
Y hace especial énfasis en que “estas acciones no solo vulneran el derecho fundamental a un debido proceso y a la defensa adecuada, sino que también reflejan un patrón de discriminación sistemática hacia las comunidades indígenas, quienes frecuentemente enfrentan barreras en el sistema judicial que limitan su acceso a la justicia, una violencia de Estado donde continua la tortura como una práctica interiorizada en los procesos judiciales, que conforma una violencia criminal desde los aparatos del gobiernos en especial del estado de Chiapas”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
